Bloque I · Tema 7
La Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
«La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.»
Escuchar este tema
35 min de narración. Es el desarrollo del tema, sin las preguntas de test.
Tema 7. La Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno
Bloque I. Organización pública. Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado (C2).
Enunciado oficial (Anexo I, BOE-A-2025-26262): «La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.»
| Autoría | Equipo de contenidos TestMiOpo |
|---|---|
| Revisión jurídica | Pendiente de revisor colegiado |
| Última revisión | 7 de agosto de 2026 |
| Norma de referencia | Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (BOE-A-2013-12887), texto consolidado. Constitución Española, artículo 105.b) (BOE-A-1978-31229) |
| Convocatoria de referencia | Resolución de 18 de diciembre de 2025 (BOE-A-2025-26262) |
1. Mapa del tema
LEY 19/2013 DE TRANSPARENCIA
│
├── OBJETO Y SUJETOS
│ ├── Art. 1: tres objetos, transparencia, acceso y buen gobierno
│ ├── Art. 2: ámbito subjetivo del título I
│ ├── Art. 3: partidos, sindicatos, patronales y entidades subvencionadas
│ └── Art. 4: obligación de suministrar información
│
├── TÍTULO I. TRANSPARENCIA
│ ├── Publicidad activa, arts. 5 a 11
│ │ ├── Institucional, jurídica y económica
│ │ └── Portal de la Transparencia
│ └── Derecho de acceso, arts. 12 a 24
│ ├── Concepto, límites y protección de datos
│ ├── Procedimiento: un mes, silencio negativo
│ └── Reclamación potestativa ante el CTBG
│
├── TÍTULO II. BUEN GOBIERNO
│ ├── Altos cargos y principios
│ └── Infracciones y sanciones
│
└── TÍTULO III. CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO
└── Comisión y Presidente
2. Introducción y enfoque de estudio
La Ley 19/2013 es una de las normas más agradecidas del Bloque I: es corta, está bien ordenada y casi todo lo que se pregunta son plazos, porcentajes y listas cerradas. Su estructura anuncia el contenido: un título de transparencia, un título de buen gobierno y un título dedicado al Consejo que vigila los dos anteriores.
La distinción que hay que fijar antes de nada. La ley regula dos cosas distintas que se confunden en el examen. La publicidad activa es lo que la Administración debe publicar por iniciativa propia, sin que nadie lo pida, en su sede electrónica o portal. El derecho de acceso es lo que el ciudadano puede pedir, mediante solicitud, y que la Administración debe conceder o denegar por resolución. Una pregunta que sitúe una obligación de publicación dentro del procedimiento de acceso, o al revés, es incorrecta.
Lo que se pregunta. Los plazos, sobre todo. Un mes para resolver, ampliable por otro mes; diez días para subsanar; quince días para las alegaciones de terceros; un mes para reclamar ante el Consejo y tres meses para que este resuelva. Y dos reglas de silencio que van en la misma dirección: el silencio es siempre desestimatorio, tanto en la solicitud de acceso como en la reclamación.
La cifra que más se falla. Las entidades privadas quedan sujetas a publicidad activa si reciben ayudas o subvenciones públicas superiores a 100.000 euros en un año, o si al menos el 40 por ciento de sus ingresos anuales son ayuda pública alcanzando como mínimo 5.000 euros. Son tres números en una sola frase y el examen los mezcla.
Lo que este tema no desarrolla. El gobierno abierto y la Agenda 2030 corresponden al tema I.6, que remite aquí para transparencia. La protección de datos, al tema I.12. El procedimiento administrativo común y el régimen general del silencio, al tema I.11, del que este tema toma sus plazos sin repetirlos.
3. Qué se pregunta de este tema
De dónde salen estas cifras. De ANALISIS-FRECUENCIA.md, recuento propio de TestMiOpo sobre los seis cuestionarios oficiales del ejercicio único publicados por la Comisión Permanente de Selección, de febrero de 2022 a mayo de 2026, con sus 480 preguntas clasificadas una a una (n = 6 ejercicios). Es medición, no impresión. No se reproduce el enunciado literal de ninguna pregunta oficial.
Lo que mide el recuento. Nueve preguntas en seis ejercicios, media de 1,50, rango de 1 a 2, etiqueta medido. Aporta 1,25 puntos por ejercicio y se sitúa en el nivel C. Como el tema I.3, es de aparición segura y de rango estrecho.
Dónde se concentran las preguntas. Reparto por epígrafes, inferencia declarada.
| Bloque del tema | Peso estimado | Etiqueta |
|---|---|---|
| Procedimiento de acceso: plazos, inadmisión y silencio | alto | inferido |
| Ámbito subjetivo y sujetos obligados | medio alto | inferido |
| Límites del artículo 14 y protección de datos | medio alto | inferido |
| Publicidad activa y Portal de la Transparencia | medio | inferido |
| Consejo de Transparencia y Buen Gobierno | medio | inferido |
| Infracciones y sanciones de buen gobierno | bajo | inferido |
4. Desarrollo
4.1. Objeto y sujetos obligados
El objeto, artículo 1, que enuncia tres finalidades y conviene retener en ese orden: ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a esa actividad, y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento.
El ámbito subjetivo del título I, artículo 2. Se aplica a un elenco amplio que el examen suele recortar:
| Letra | Sujetos |
|---|---|
| a) | La Administración General del Estado, las de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla, y las entidades que integran la Administración Local |
| b) | Entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, y las mutuas colaboradoras |
| c) | Organismos autónomos, Agencias Estatales, entidades públicas empresariales y entidades de Derecho Público con funciones de regulación o supervisión externa |
| d) | Entidades de Derecho Público con personalidad propia vinculadas o dependientes de las Administraciones, incluidas las Universidades públicas |
| e) | Las corporaciones de Derecho Público, en lo relativo a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo |
| f) | La Casa de Su Majestad el Rey, el Congreso, el Senado, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Banco de España, el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas, en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo |
Dos matices se preguntan. Las Universidades públicas están expresamente incluidas. Y los órganos constitucionales y las corporaciones de Derecho Público solo quedan sujetos respecto de su actividad sujeta a Derecho Administrativo, no de su función propia.
Otros sujetos obligados, artículo 3, sometidos solo al capítulo de publicidad activa:
| Sujeto | Condición |
|---|---|
| Partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales | Sin condición adicional |
| Entidades privadas | Que perciban en un año ayudas o subvenciones públicas superiores a 100.000 euros, o cuando al menos el 40 por ciento de sus ingresos anuales sean ayuda o subvención pública alcanzando como mínimo 5.000 euros |
La obligación de suministrar información, artículo 4: las personas físicas y jurídicas que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas deben suministrar, previo requerimiento, toda la información necesaria para que el sujeto obligado al que estén vinculadas cumpla la ley. La obligación se extiende a los adjudicatarios de contratos del sector público en los términos del respectivo contrato.
4.2. La publicidad activa
Los principios generales, artículo 5, cuyo apartado 4 es de los que se preguntan casi literalmente. La información sujeta a publicidad activa se publica en las sedes electrónicas o páginas web «de una manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables», estableciendo los mecanismos adecuados para facilitar la accesibilidad, la interoperabilidad, la calidad y la reutilización. El apartado 3 impone que, cuando la información contenga datos especialmente protegidos, la publicidad solo se lleve a cabo previa disociación. Y el apartado 5 exige que la información sea comprensible, de acceso fácil y gratuito y accesible para las personas con discapacidad.
Qué hay que publicar. La ley lo agrupa en tres bloques:
| Bloque | Contenido principal |
|---|---|
| Institucional, organizativa y de planificación, art. 6 | Funciones, normativa aplicable, estructura organizativa con organigrama actualizado que identifique a los responsables y su perfil y trayectoria profesional; planes y programas anuales y plurianuales con objetivos, actividades, medios y tiempo previsto, y evaluación periódica de su grado de cumplimiento |
| De relevancia jurídica, art. 7 | Directrices, instrucciones, acuerdos, circulares y respuestas a consultas que supongan interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos; anteproyectos de ley y proyectos de decretos legislativos; proyectos de reglamentos; memorias e informes de los expedientes de elaboración; y documentos sometidos a información pública |
| Económica, presupuestaria y estadística, art. 8 | Todos los contratos, con objeto, duración, importe de licitación y adjudicación, procedimiento, número de licitadores, adjudicatario y modificaciones; convenios y encomiendas de gestión; subvenciones; presupuestos; cuentas anuales; retribuciones de altos cargos; declaraciones de bienes y actividades; y resoluciones de compatibilidad |
El Portal de la Transparencia, artículo 10: lo desarrolla la Administración General del Estado y depende del Ministerio de la Presidencia. Facilita el acceso de los ciudadanos a la información de publicidad activa relativa a su ámbito de actuación e incluye, en los términos que se establezcan reglamentariamente, la información cuyo acceso se solicite con mayor frecuencia. Ese último dato se pregunta.
4.3. El derecho de acceso a la información pública
Su fundamento y su titularidad, artículo 12: todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105.b) de la Constitución, desarrollados por esta Ley. No se exige nacionalidad, residencia ni condición de interesado. Es un derecho de configuración legal, no un derecho fundamental del artículo 53.2, matiz que conviene tener presente.
Qué es información pública, artículo 13: los contenidos o documentos, cualquiera que sea su formato o soporte, que obren en poder de alguno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones. La definición tiene dos requisitos acumulativos, obrar en poder y haber sido elaborada o adquirida en el ejercicio de funciones, y el examen suele suprimir uno.
Los límites, artículo 14. Son doce, tasados, y conviene leerlos entendiendo que no operan de forma automática:
| Letra | Límite |
|---|---|
| a) | La seguridad nacional |
| b) | La defensa |
| c) | Las relaciones exteriores |
| d) | La seguridad pública |
| e) | La prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios |
| f) | La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva |
| g) | Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control |
| h) | Los intereses económicos y comerciales |
| i) | La política económica y monetaria |
| j) | El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial |
| k) | La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión |
| l) | La protección del medio ambiente |
El apartado 2 es la clave del epígrafe: la aplicación de los límites será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad de protección, atenderá a las circunstancias del caso concreto y, en especial, a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso. Es decir: alegar un límite no basta, hay que motivarlo y ponderarlo.
La protección de datos personales, artículo 15, que no es un límite más sino un régimen propio:
| Tipo de dato | Régimen de acceso |
|---|---|
| Datos que revelen ideología, afiliación sindical, religión o creencias | Solo con consentimiento expreso y por escrito del afectado, salvo que este los hubiera hecho manifiestamente públicos con anterioridad |
| Datos sobre origen racial, salud o vida sexual, genéticos o biométricos, o relativos a infracciones penales o administrativas sin amonestación pública | Solo con consentimiento expreso del afectado o si el acceso está amparado por norma con rango de ley |
| Resto de datos personales | Ponderación razonada entre el interés público en la divulgación y los derechos del afectado, atendiendo a las circunstancias del caso |
El acceso parcial, artículo 16: cuando el límite no afecte a la totalidad de la información, se concederá el acceso parcial previa omisión de la parte afectada, salvo que de ello resulte una información distorsionada o que carezca de sentido; en tal caso debe indicarse al solicitante que parte de la información ha sido omitida. La regla general, por tanto, es acceder a lo que se pueda, no denegar en bloque.
4.4. El procedimiento de acceso
La solicitud, artículo 17. Se dirige al titular del órgano administrativo o entidad que posea la información, y puede presentarse por cualquier medio que permita tener constancia de la identidad del solicitante, la información que se solicita, una dirección de contacto preferentemente electrónica y, en su caso, la modalidad preferida de acceso. La regla capital, muy preguntada: el solicitante no está obligado a motivar su solicitud, aunque puede exponer los motivos, que podrán ser tenidos en cuenta al resolver.
Las causas de inadmisión, artículo 18, que son cinco y se acuerdan mediante resolución motivada:
| Letra | Causa |
|---|---|
| a) | Información en curso de elaboración o de publicación general |
| b) | Información de carácter auxiliar o de apoyo, como notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos |
| c) | Información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración |
| d) | Solicitudes dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente |
| e) | Solicitudes manifiestamente repetitivas o de carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de la ley |
Si la inadmisión se funda en la letra d), la resolución debe indicar el órgano que, a juicio del que inadmite, es competente.
La tramitación, artículo 19, con sus plazos:
| Supuesto | Regla |
|---|---|
| Información que no obra en poder del destinatario | Se remite al competente, si se conociera, informando al solicitante |
| Solicitud que no identifica suficientemente la información | Se pide concretarla en diez días, con advertencia de desistimiento y suspensión del plazo para resolver |
| Información que afecte a derechos o intereses de terceros identificados | Quince días para alegaciones, con suspensión del plazo para resolver e información al solicitante |
| Información elaborada por otro en su integridad o parte principal | Se remite la solicitud a quien la elaboró |
La resolución y el silencio, artículo 20, que es el epígrafe más preguntado del tema:
| Cuestión | Regla |
|---|---|
| Plazo para resolver y notificar | Un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver |
| Ampliación | Otro mes más, cuando el volumen o la complejidad lo hagan necesario, previa notificación al solicitante |
| Resoluciones que deben motivarse | Las que denieguen el acceso, las que concedan acceso parcial o por modalidad distinta de la solicitada, y las que lo concedan pese a la oposición de un tercero |
| Silencio | Transcurrido el plazo sin resolución expresa, la solicitud se entiende desestimada |
| Impugnación | Las resoluciones son recurribles directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de la reclamación potestativa del artículo 24 |
| Incumplimiento reiterado del plazo | Tiene la consideración de infracción grave a efectos disciplinarios |
Las unidades de información, artículo 21: en el ámbito de la Administración General del Estado existen unidades especializadas encargadas de recabar y difundir la información de publicidad activa, recibir y tramitar las solicitudes, realizar los trámites internos, hacer seguimiento y control, llevar un registro de las solicitudes y asegurar la disponibilidad de la información en la web.
La formalización del acceso, artículo 22:
| Cuestión | Regla |
|---|---|
| Medio | Preferentemente por vía electrónica, salvo imposibilidad o indicación expresa de otro medio por el solicitante |
| Plazo de entrega | Si no puede darse al notificar la resolución, en un plazo no superior a diez días |
| Oposición de tercero | El acceso solo tiene lugar cuando haya transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo sin formalizarse, o cuando este se haya resuelto confirmando el derecho |
| Información ya publicada | La resolución puede limitarse a indicar cómo acceder a ella |
| Coste | El acceso a la información será gratuito; la expedición de copias o el cambio de formato pueden dar lugar a exacciones |
4.5. La reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
Su naturaleza, artículos 23 y 24. La reclamación es potestativa y previa a la impugnación en vía contencioso-administrativa, y tiene la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos. Contra las resoluciones dictadas por los órganos del artículo 2.1.f), es decir, los órganos constitucionales y análogos, solo cabe recurso contencioso-administrativo, sin reclamación previa.
| Cuestión | Regla |
|---|---|
| Contra qué | Toda resolución expresa o presunta en materia de acceso |
| Plazo para interponerla | Un mes desde el día siguiente a la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio |
| Audiencia a terceros | Cuando la denegación se funde en la protección de derechos o intereses de terceros, trámite de audiencia previo a la resolución |
| Plazo para resolver y notificar | Tres meses, transcurridos los cuales la reclamación se entiende desestimada |
| Publicidad de las resoluciones | Se publican por medios electrónicos, previa disociación de los datos personales, una vez notificadas |
| Comunicación | El Presidente del Consejo comunica al Defensor del Pueblo las resoluciones que dicte |
| Competencia autonómica | Corresponde al Consejo estatal, salvo que las Comunidades Autónomas atribuyan la competencia a un órgano específico conforme a la disposición adicional cuarta |
Una advertencia de lectura. Los artículos 23.1 y 24.3 siguen remitiéndose a la Ley 30/1992, derogada por la Ley 39/2015. Esas remisiones deben entenderse hechas a la ley vigente, según el criterio que este manual ya aplicó al Real Decreto 208/1996 en el tema II.2. El régimen del silencio y de los recursos se estudia en el tema I.11.
4.6. El buen gobierno
El ámbito, artículo 25: en la Administración General del Estado, el título II se aplica a los miembros del Gobierno, los Secretarios de Estado y el resto de altos cargos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público estatal, de Derecho público o privado, vinculadas o dependientes. Son altos cargos los que tengan tal consideración según la normativa de conflictos de intereses. Se aplica también a los altos cargos autonómicos y locales, incluidos los miembros de las Juntas de Gobierno de las Entidades Locales, y su aplicación no afecta a la condición de cargo electo que pudieran ostentar.
Los principios, artículo 26: los sujetos comprendidos observarán la Constitución y el resto del ordenamiento y promoverán el respeto a los derechos fundamentales y a las libertades públicas, adecuando su actividad a unos principios generales (transparencia en la gestión, eficacia, economía y eficiencia, dedicación al servicio público, imparcialidad, trato igual y sin discriminaciones, diligencia debida, responsabilidad y austeridad) y a unos principios de actuación más concretos.
Las infracciones, que la ley agrupa en tres bloques:
| Bloque | Artículo | Contenido |
|---|---|---|
| Conflicto de intereses | 27 | El incumplimiento de las normas de incompatibilidades o de las declaraciones obligatorias se sanciona conforme a la normativa de conflictos de intereses |
| Gestión económico-presupuestaria | 28 | Infracciones muy graves culpables, como la incursión en alcance, la administración de recursos sin sujeción a las normas de liquidación, recaudación o ingreso, los compromisos de gasto sin crédito suficiente y la omisión del trámite de intervención previa |
| Disciplinarias | 29 | Muy graves, graves y leves; entre las muy graves, el incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los Estatutos, la discriminación y el acoso, la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales con perjuicio grave, la publicación o utilización indebida de documentación reservada y la negligencia en su custodia |
Las sanciones, artículo 30, que forman una escala:
| Gravedad | Sanción |
|---|---|
| Leve | Amonestación |
| Grave | Declaración del incumplimiento y publicación en el BOE o diario oficial correspondiente, y no percepción de la indemnización por cese si la llevara aparejada |
| Muy grave | En todo caso las sanciones de la grave, más destitución del cargo salvo cese previo, e imposibilidad de ser nombrado alto cargo durante un periodo de entre cinco y diez años |
El procedimiento, artículo 31: se inicia de oficio, y el órgano competente para ordenar la incoación es el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro competente en materia de Hacienda y Función Pública cuando el alto cargo sea miembro del Gobierno o Secretario de Estado, y ese mismo Ministro cuando se trate de otras personas al servicio de la Administración General del Estado. Todo ello sin perjuicio de dar conocimiento de los hechos al Tribunal de Cuentas por si procediera un procedimiento de responsabilidad contable.
4.7. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
Qué es, artículo 33: un organismo público con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, que actúa con autonomía y plena independencia en el cumplimiento de sus fines, y que está adscrito al Ministerio competente en materia de Hacienda y Función Pública. La combinación de adscripción y plena independencia es una pregunta clásica: está adscrito, pero actúa con independencia.
Sus fines, artículo 34: promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno. Son cuatro y el examen los pide enumerados.
Su composición, artículos 35 y 36. Lo integran dos órganos: la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno y el Presidente del Consejo, que lo es también de la Comisión. La Comisión está compuesta por:
| Miembro |
|---|
| El Presidente |
| Un Diputado |
| Un Senador |
| Un representante del Tribunal de Cuentas |
| Un representante del Defensor del Pueblo |
| Un representante de la Agencia Española de Protección de Datos |
| Un representante de la Secretaría de Estado competente en materia de Administraciones Públicas |
| Un representante de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal |
La condición de miembro de la Comisión no exige dedicación exclusiva ni da derecho a remuneración, con la excepción del Presidente. Al menos una vez al año la Comisión convoca a los representantes de los organismos autonómicos con funciones similares.
Sus funciones, artículo 38: adoptar recomendaciones, asesorar en la materia, informar preceptivamente los proyectos normativos estatales que desarrollen la ley o se relacionen con su objeto, evaluar el grado de aplicación de la ley elaborando anualmente una memoria que se presenta ante las Cortes Generales, promover borradores de directrices y normas de buenas prácticas, y promover actividades de formación y sensibilización. Además, resuelve las reclamaciones del artículo 24, que es su función más visible.
5. Jurisprudencia esencial
Las cuatro resoluciones siguientes se han comprobado en el Boletín Oficial del Estado. Las tres primeras giran en torno a una misma cuestión, que es la más litigiosa de esta ley: el sentido del silencio y quién puede regularlo.
STC 104/2018, de 4 de octubre (Pleno, cuestión de inconstitucionalidad 5228-2017, publicada como BOE-A-2018-15008). Es la sentencia central del tema. Planteada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón respecto del artículo 31.2 de la Ley aragonesa 8/2015, de transparencia, que establecía silencio positivo para las peticiones de acceso. El Tribunal declaró la nulidad del precepto autonómico: el régimen del silencio forma parte de la estructura general del procedimiento administrativo y corresponde en exclusiva al Estado, para garantizar un tratamiento común de todos los administrados. Consecuencia práctica: el silencio desestimatorio del artículo 20.4 es norma básica y una Comunidad Autónoma no puede sustituirlo por silencio positivo.
STC 76/2022, de 15 de junio (Pleno, cuestión de inconstitucionalidad 1679-2021, publicada como BOE-A-2022-11956). Verificada en su día para el tema I.11. Declaró la nulidad de un precepto legal autonómico que atribuía efectos positivos al silencio en autorizaciones sujetas a evaluación de impacto ambiental, por razones de competencia. Confirma que la doctrina de la STC 104/2018 no fue un caso aislado, sino una línea consolidada.
STC 72/2008, de 23 de junio (Sala Primera, recurso de amparo 6615-2005, publicada como BOE-T-2008-12645). También verificada para el tema I.11. Otorgó el amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en un supuesto de denegación presunta tenida por consentida. Su doctrina explica por qué el silencio desestimatorio de esta ley no perjudica al ciudadano: es una ficción legal establecida en su beneficio para abrirle la vía judicial, y no puede volverse en su contra.
STC 292/2000, de 30 de noviembre (Pleno, recurso de inconstitucionalidad 1463/2000, publicada como BOE-T-2001-332). Configuró la protección de datos como derecho fundamental autónomo, distinto de la intimidad, que otorga a su titular un poder de control sobre sus datos personales. Es el fundamento del régimen reforzado del artículo 15 y de la exigencia de disociación previa del artículo 5.3.
Lo que hay que llevarse. El silencio en materia de acceso es desestimatorio, es básico y no lo puede cambiar una ley autonómica; pero esa desestimación presunta existe para permitir recurrir, no para dar por buena la inactividad. Y la protección de datos no es una excusa genérica para denegar: opera con el régimen graduado del artículo 15 y, cuando cabe, mediante disociación y acceso parcial.
6. Tabla resumen del tema
| Concepto | Dato exacto |
|---|---|
| Objeto de la ley, art. 1 | Ampliar y reforzar la transparencia, regular y garantizar el derecho de acceso y establecer obligaciones de buen gobierno con sus consecuencias |
| Estructura | Título preliminar y tres títulos: transparencia, buen gobierno y Consejo de Transparencia y Buen Gobierno |
| Universidades públicas | Incluidas en el ámbito subjetivo, art. 2.1.d) |
| Órganos constitucionales y corporaciones de Derecho Público | Sujetos solo respecto de sus actividades sujetas a Derecho Administrativo |
| Partidos, sindicatos y patronales | Sujetos a publicidad activa, art. 3.a) |
| Entidades privadas subvencionadas | Ayudas superiores a 100.000 euros al año, o el 40 por ciento de sus ingresos anuales alcanzando al menos 5.000 euros |
| Obligación de suministrar información | Quienes presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, previo requerimiento; se extiende a los adjudicatarios de contratos públicos |
| Publicidad activa, formato | Clara, estructurada y entendible y preferiblemente en formatos reutilizables |
| Datos especialmente protegidos | Publicidad solo previa disociación |
| Portal de la Transparencia | Lo desarrolla la AGE y depende del Ministerio de la Presidencia |
| Titular del derecho de acceso | Todas las personas, sin necesidad de motivar la solicitud |
| Base constitucional | Artículo 105.b) de la Constitución |
| Información pública | Contenidos o documentos en poder del sujeto obligado y elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones |
| Límites del art. 14 | Doce, de aplicación justificada y proporcionada, atendiendo al caso concreto y al interés público o privado superior |
| Datos de ideología, afiliación sindical, religión o creencias | Consentimiento expreso y por escrito, salvo que se hubieran hecho manifiestamente públicos |
| Datos de origen racial, salud, vida sexual, genéticos, biométricos o de infracciones | Consentimiento expreso o amparo en norma con rango de ley |
| Acceso parcial | Regla general cuando el límite no afecta a toda la información, salvo que resulte distorsionada o sin sentido |
| Causas de inadmisión | Cinco, por resolución motivada |
| Subsanación de solicitud imprecisa | Diez días, con suspensión del plazo para resolver |
| Alegaciones de terceros afectados | Quince días, con suspensión del plazo |
| Plazo para resolver | Un mes, ampliable por otro mes previa notificación |
| Silencio en la solicitud de acceso | Desestimatorio |
| Impugnación de la resolución | Directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa, sin perjuicio de la reclamación potestativa |
| Incumplimiento reiterado del plazo de resolución | Infracción grave a efectos disciplinarios |
| Formalización del acceso | Preferentemente electrónica; si no se da al notificar, en plazo no superior a diez días |
| Coste del acceso | Gratuito, sin perjuicio de exacciones por copias o cambio de formato |
| Reclamación ante el CTBG | Potestativa y previa a la vía contenciosa, sustitutiva de los recursos administrativos |
| Plazo para reclamar | Un mes desde la notificación o desde los efectos del silencio |
| Plazo del CTBG para resolver | Tres meses; transcurridos, la reclamación se entiende desestimada |
| Órganos del art. 2.1.f) | Contra sus resoluciones solo cabe recurso contencioso-administrativo |
| Ámbito del buen gobierno | Miembros del Gobierno, Secretarios de Estado y demás altos cargos, incluidos los miembros de las Juntas de Gobierno locales |
| Sanción de la infracción leve | Amonestación |
| Sanción de la infracción grave | Declaración del incumplimiento con publicación en el BOE y no percepción de indemnización por cese |
| Sanción de la infracción muy grave | Las anteriores más destitución e inhabilitación para alto cargo de cinco a diez años |
| Naturaleza del CTBG | Organismo público con personalidad propia, que actúa con autonomía y plena independencia, adscrito al Ministerio competente en Hacienda y Función Pública |
| Órganos del CTBG | La Comisión de Transparencia y Buen Gobierno y su Presidente |
| Composición de la Comisión | Presidente, un Diputado, un Senador y representantes del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo, de la AEPD, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y de la AIReF |
| Memoria anual del CTBG | Se presenta ante las Cortes Generales |
7. Trampas de examen
1. Publicidad activa y derecho de acceso son cosas distintas. La primera se publica de oficio; el segundo se ejerce mediante solicitud y se resuelve.
2. El solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso. Puede exponer motivos, y se tendrán en cuenta, pero no es requisito.
3. El plazo para resolver es de un mes, ampliable por otro mes, y la ampliación exige notificación previa al solicitante.
4. El silencio es desestimatorio, tanto en la solicitud de acceso como en la reclamación ante el Consejo. Nunca positivo.
5. Una ley autonómica no puede establecer silencio positivo en materia de acceso. Así lo declaró la STC 104/2018.
6. Las causas de inadmisión son cinco y exigen resolución motivada. Si se inadmite por desconocerse el órgano competente, hay que indicar cuál se estima competente.
7. Los límites del artículo 14 son doce y no se aplican automáticamente: exigen justificación, proporcionalidad y ponderación del interés superior en el acceso.
8. Cuando el límite no afecta a toda la información, procede el acceso parcial, no la denegación total.
9. Los plazos de diez y quince días de la tramitación suspenden el plazo para resolver. Son suspensión, no ampliación.
10. El acceso a la información es gratuito, aunque las copias o el cambio de formato puedan generar exacciones.
11. La reclamación ante el Consejo es potestativa, sustituye a los recursos administrativos y se interpone en un mes.
12. Contra las resoluciones de los órganos del artículo 2.1.f) no cabe reclamación, solo recurso contencioso-administrativo.
13. Las entidades privadas quedan sujetas con más de 100.000 euros de ayudas, o con el 40 por ciento de sus ingresos alcanzando al menos 5.000 euros. Son tres cifras distintas.
14. El Consejo de Transparencia está adscrito a un Ministerio pero actúa con autonomía y plena independencia. Las dos cosas son compatibles y ambas están en la ley.
15. La sanción por infracción muy grave incluye la destitución y la imposibilidad de ser nombrado alto cargo entre cinco y diez años. La amonestación corresponde solo a las leves.
8. Reglas mnemotécnicas
Para los tres objetos de la ley: transparencia, acceso y buen gobierno. Y para la estructura, los mismos tres, más el Consejo que los vigila.
Para los plazos del acceso: uno para resolver, uno más si hace falta, diez para subsanar, quince para el tercero, diez para entregar.
Para los plazos de la reclamación: uno para presentarla, tres para resolverla, y silencio negativo en las dos.
Para las cifras del artículo 3: cien mil de ayuda, cuarenta por ciento de ingresos, cinco mil de suelo.
Para las sanciones de buen gobierno: la leve amonesta, la grave publica, la muy grave destituye.
Para el Consejo: adscrito pero independiente; Comisión y Presidente; memoria anual a las Cortes.
Para el reparto con otros temas: aquí la transparencia, en el I.6 el gobierno abierto, en el I.12 la protección de datos y en el I.11 el procedimiento.
9. Aplicación práctica
Caso 1. Un ciudadano presenta una solicitud de acceso sin explicar para qué quiere la información y el instructor pregunta si hay que requerirle los motivos.
No. El artículo 17.3 dispone que el solicitante no está obligado a motivar su solicitud. Puede exponer voluntariamente los motivos, y estos podrán tenerse en cuenta al resolver, pero su ausencia no es un defecto subsanable ni una causa de inadmisión. Lo que sí debe constar es la identidad, la información solicitada y una dirección de contacto.
Caso 2. La información solicitada afecta a una empresa contratista, que se opone a su divulgación.
Se le concede un plazo de quince días para alegaciones, con suspensión del plazo para resolver y comunicación al solicitante. Si aun así se concede el acceso, la resolución debe motivarse y advertir al interesado de que el acceso solo tendrá lugar cuando haya transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo sin formalizarse, o cuando este se haya resuelto confirmando el derecho, conforme al artículo 22.2.
Caso 3. Transcurre un mes sin que se dicte resolución y el ciudadano pregunta qué puede hacer.
Su solicitud se entiende desestimada por silencio. A partir de ahí tiene dos vías: interponer la reclamación potestativa ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes desde que se producen los efectos del silencio, o acudir directamente a la jurisdicción contencioso-administrativa. Conviene advertirle además de que el incumplimiento reiterado del plazo de resolución es infracción grave a efectos disciplinarios.
Caso 4. Se solicita un expediente que contiene datos de salud de terceros.
No procede denegar sin más. El artículo 15.1 exige, para los datos de salud, consentimiento expreso del afectado o amparo en norma con rango de ley. Si el límite no alcanza a todo el expediente, el artículo 16 obliga a conceder el acceso parcial previa omisión de la parte afectada, indicando al solicitante que parte de la información se ha omitido, salvo que ello produzca una información distorsionada o sin sentido.
Caso 5. Una Comunidad Autónoma aprueba una ley que da silencio positivo a las solicitudes de acceso.
Es inconstitucional. La STC 104/2018 anuló un precepto autonómico idéntico: el régimen del silencio forma parte de la estructura general del procedimiento administrativo y su regulación corresponde en exclusiva al Estado. Lo que sí puede hacer una Comunidad Autónoma, conforme a la disposición adicional cuarta, es atribuir a un órgano propio la competencia para resolver las reclamaciones que en el ámbito estatal corresponden al Consejo.
10. Preguntas de test con respuesta explicada
Las treinta y cinco preguntas siguientes son de redacción propia del equipo de contenidos de TestMiOpo. No reproducen el enunciado ni las opciones de ningún cuestionario oficial ni de ningún banco de preguntas ajeno.
1. La Ley 19/2013 tiene por objeto:
a) Solo regular el derecho de acceso b) Ampliar y reforzar la transparencia, regular y garantizar el derecho de acceso y establecer obligaciones de buen gobierno c) Regular la protección de datos d) Aprobar el Portal de la Transparencia
Respuesta: b).
2. Las Universidades públicas:
a) Quedan fuera del ámbito de la ley b) Están incluidas en el ámbito subjetivo del título I c) Solo están sujetas a publicidad activa d) Solo si reciben subvenciones
Respuesta: b).
3. Los órganos constitucionales, como el Congreso o el Tribunal de Cuentas, están sujetos a la ley:
a) En toda su actividad b) En relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo c) No están sujetos d) Solo en materia de buen gobierno
Respuesta: b).
4. Los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales:
a) No están sujetos a la ley b) Están sujetos a las disposiciones de publicidad activa c) Están sujetos a todo el título I d) Solo están sujetos si reciben ayudas
Respuesta: b).
5. Las entidades privadas quedan sujetas a publicidad activa cuando perciban ayudas públicas:
a) Superiores a 50.000 euros b) Superiores a 100.000 euros en un año, o cuando al menos el 40 por ciento de sus ingresos anuales sean ayuda pública alcanzando como mínimo 5.000 euros c) De cualquier cuantía d) Superiores a un millón de euros
Respuesta: b).
6. La obligación de suministrar información del artículo 4 alcanza:
a) Solo a las Administraciones b) A quienes presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas, previo requerimiento, y a los adjudicatarios de contratos públicos c) A cualquier empresa d) A los ciudadanos
Respuesta: b).
7. Conforme al artículo 5, la información de publicidad activa se publicará:
a) En cualquier formato b) De manera clara, estructurada y entendible y, preferiblemente, en formatos reutilizables c) Solo en papel d) Solo en el BOE
Respuesta: b).
8. Cuando la información contenga datos especialmente protegidos, la publicidad activa:
a) Se prohíbe siempre b) Solo se llevará a cabo previa disociación c) Requiere autorización judicial d) Requiere informe del Defensor del Pueblo
Respuesta: b).
9. El Portal de la Transparencia depende del:
a) Ministerio de Hacienda b) Ministerio de la Presidencia c) Consejo de Transparencia d) Congreso de los Diputados
Respuesta: b).
10. El derecho de acceso a la información pública corresponde a:
a) Los ciudadanos españoles b) Todas las personas c) Solo a los interesados en un procedimiento d) Solo a los residentes
Respuesta: b).
11. El derecho de acceso se ejerce en los términos previstos en el artículo:
a) 103 de la Constitución b) 105.b) de la Constitución c) 23 de la Constitución d) 20 de la Constitución
Respuesta: b).
12. Se entiende por información pública:
a) Cualquier dato de la Administración b) Los contenidos o documentos, en cualquier formato o soporte, que obren en poder de los sujetos obligados y hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones c) Solo los expedientes finalizados d) Solo lo publicado en el Portal
Respuesta: b).
13. Los límites del artículo 14:
a) Se aplican automáticamente b) Su aplicación será justificada y proporcionada, atendiendo al caso concreto y a la concurrencia de un interés público o privado superior c) Son ilimitados d) Los fija el Consejo de Transparencia
Respuesta: b).
14. No es un límite del artículo 14:
a) La seguridad nacional b) El interés del solicitante c) La política económica y monetaria d) La protección del medio ambiente
Respuesta: b).
15. El acceso a información con datos que revelen ideología o afiliación sindical requiere:
a) Nada especial b) Consentimiento expreso y por escrito del afectado, salvo que los hubiera hecho manifiestamente públicos c) Autorización del Consejo de Transparencia d) Informe de la Agencia Española de Protección de Datos
Respuesta: b).
16. Si el límite no afecta a la totalidad de la información:
a) Se deniega el acceso completo b) Se concede el acceso parcial previa omisión de lo afectado, salvo que resulte información distorsionada o sin sentido c) Se remite al Consejo d) Se suspende el procedimiento
Respuesta: b).
17. La solicitud de acceso:
a) Debe motivarse siempre b) No exige motivación, aunque el solicitante puede exponer los motivos c) Requiere abogado d) Solo puede presentarse por vía electrónica
Respuesta: b).
18. Las causas de inadmisión de solicitudes son:
a) Tres b) Cinco c) Siete d) Doce
Respuesta: b). Se acuerdan mediante resolución motivada.
19. Es causa de inadmisión la solicitud referida a información:
a) Que resulte incómoda b) De carácter auxiliar o de apoyo, como notas, borradores, opiniones o informes internos c) De más de un año de antigüedad d) Que afecte a terceros
Respuesta: b).
20. Si la solicitud no identifica suficientemente la información, se pide su concreción en:
a) Cinco días b) Diez días, con suspensión del plazo para resolver c) Quince días d) Un mes
Respuesta: b).
21. Cuando la información afecte a derechos o intereses de terceros identificados, se les concede un plazo de:
a) Diez días b) Quince días para alegaciones, con suspensión del plazo para resolver c) Un mes d) Tres días
Respuesta: b).
22. El plazo máximo para resolver y notificar la solicitud de acceso es de:
a) Quince días b) Un mes desde la recepción por el órgano competente, ampliable por otro mes c) Tres meses d) Seis meses
Respuesta: b). La ampliación exige notificación previa.
23. Transcurrido el plazo máximo sin resolución expresa, la solicitud se entiende:
a) Estimada b) Desestimada c) Caducada d) Archivada
Respuesta: b).
24. Deben ser motivadas, entre otras:
a) Todas las resoluciones sin excepción b) Las que denieguen el acceso, las que concedan acceso parcial o por modalidad distinta y las que lo concedan habiendo oposición de tercero c) Solo las estimatorias d) Ninguna
Respuesta: b).
25. El incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo:
a) No tiene consecuencias b) Tiene la consideración de infracción grave a efectos disciplinarios c) Es infracción muy grave d) Genera silencio positivo
Respuesta: b).
26. El acceso a la información:
a) Está sujeto a tasa general b) Será gratuito, sin perjuicio de exacciones por expedición de copias o cambio de formato c) Cuesta siempre diez euros d) Solo es gratuito para los interesados
Respuesta: b).
27. Cuando no pueda darse el acceso al notificar la resolución, deberá otorgarse en un plazo no superior a:
a) Cinco días b) Diez días c) Un mes d) Tres meses
Respuesta: b).
28. La reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es:
a) Obligatoria b) Potestativa y previa a la impugnación en vía contencioso-administrativa, y sustitutiva de los recursos administrativos c) Un recurso de alzada d) Un recurso extraordinario de revisión
Respuesta: b).
29. El plazo para interponer esa reclamación es de:
a) Quince días b) Un mes desde la notificación o desde los efectos del silencio c) Dos meses d) Tres meses
Respuesta: b).
30. El Consejo debe resolver y notificar la reclamación en el plazo de:
a) Un mes b) Tres meses, transcurridos los cuales se entiende desestimada c) Seis meses d) Un año
Respuesta: b).
31. Contra las resoluciones dictadas por los órganos previstos en el artículo 2.1.f):
a) Cabe reclamación ante el Consejo b) Solo cabe la interposición de recurso contencioso-administrativo c) Cabe recurso de alzada d) No cabe recurso alguno
Respuesta: b).
32. La sanción por infracción leve en materia de buen gobierno es:
a) La destitución b) La amonestación c) La multa d) La inhabilitación
Respuesta: b).
33. Los sancionados por infracción muy grave:
a) Solo reciben amonestación b) Serán destituidos del cargo salvo cese previo y no podrán ser nombrados altos cargos durante un periodo de entre cinco y diez años c) Quedan inhabilitados de por vida d) Solo pierden la indemnización
Respuesta: b).
34. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno:
a) Carece de personalidad jurídica b) Tiene personalidad jurídica propia y actúa con autonomía y plena independencia, estando adscrito a un Ministerio c) Depende del Congreso d) Es un órgano judicial
Respuesta: b).
35. No forma parte de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno:
a) Un Diputado b) Un representante del Consejo General del Poder Judicial c) Un representante del Tribunal de Cuentas d) Un representante de la Agencia Española de Protección de Datos
Respuesta: b).
11. Preguntas de estilo de examen redactadas por TestMiOpo
Diez preguntas con el tono y la extensión de enunciado de la Comisión Permanente de Selección. Son originales.
1. Señale la afirmación correcta sobre el derecho de acceso a la información pública.
a) Solo pueden ejercerlo los interesados en un procedimiento y deben motivar su solicitud.
b) Corresponde a todas las personas, que no están obligadas a motivar su solicitud, aunque pueden exponer los motivos y estos podrán ser tenidos en cuenta al resolver.
c) Exige acreditar la nacionalidad española.
d) Requiere la asistencia de abogado.
Respuesta: b).
2. Transcurre el plazo máximo sin que se resuelva una solicitud de acceso. Señale la consecuencia.
a) La solicitud se entiende estimada por silencio positivo.
b) La solicitud se entiende desestimada, y cabe reclamación potestativa ante el Consejo en un mes o recurso contencioso-administrativo directo.
c) El procedimiento caduca y debe iniciarse de nuevo.
d) El plazo se amplía automáticamente por otro mes.
Respuesta: b).
3. Una ley autonómica establece silencio positivo para las solicitudes de acceso a la información. Señale la afirmación correcta.
a) Es válida, porque las Comunidades Autónomas pueden mejorar el estándar estatal.
b) Es inconstitucional: la STC 104/2018 declaró nulo un precepto autonómico idéntico, porque el régimen del silencio forma parte de la estructura general del procedimiento administrativo y corresponde en exclusiva al Estado.
c) Es válida si lo prevé el Estatuto de Autonomía.
d) Es válida solo en materia de medio ambiente.
Respuesta: b).
4. Señale la afirmación correcta sobre los límites del artículo 14.
a) Se aplican de forma automática cuando concurre alguno de los supuestos.
b) Su aplicación será justificada y proporcionada a su objeto y finalidad, atendiendo a las circunstancias del caso concreto y, en especial, a la concurrencia de un interés público o privado superior que justifique el acceso.
c) Los fija discrecionalmente el órgano que resuelve.
d) Son solo cinco y todos se refieren a la seguridad.
Respuesta: b).
5. La información solicitada contiene, en parte, datos afectados por un límite. Señale la actuación correcta.
a) Denegar íntegramente el acceso.
b) Conceder el acceso parcial previa omisión de la información afectada, salvo que de ello resulte una información distorsionada o que carezca de sentido, indicándolo al solicitante.
c) Remitir el expediente al Consejo de Transparencia.
d) Suspender el procedimiento hasta que desaparezca el límite.
Respuesta: b).
6. Señale cuál de las siguientes es causa de inadmisión de una solicitud de acceso.
a) Que el solicitante no acredite interés legítimo.
b) Que se refiera a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos.
c) Que la información tenga más de cinco años.
d) Que el solicitante sea extranjero.
Respuesta: b).
7. Señale la afirmación correcta sobre los plazos del procedimiento de acceso.
a) Se resuelve en tres meses improrrogables.
b) Se resuelve en un mes desde la recepción por el órgano competente, ampliable por otro mes previa notificación, y los trámites de concreción de diez días y de alegaciones de terceros de quince días suspenden ese plazo.
c) No hay plazo para resolver.
d) El plazo es de quince días hábiles.
Respuesta: b).
8. Señale la afirmación correcta sobre la reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
a) Es obligatoria antes de acudir a los tribunales.
b) Es potestativa y previa a la vía contencioso-administrativa, sustituye a los recursos administrativos, se interpone en un mes y el Consejo dispone de tres meses para resolver, entendiéndose desestimada si no lo hace.
c) Se interpone en tres meses y el Consejo resuelve en un mes.
d) Cabe siempre, incluso contra las resoluciones de los órganos del artículo 2.1.f).
Respuesta: b).
9. Señale la afirmación correcta sobre las sanciones en materia de buen gobierno.
a) Todas las infracciones se sancionan con multa.
b) Las leves se sancionan con amonestación; las graves, con declaración del incumplimiento y publicación en el diario oficial y no percepción de la indemnización por cese; y las muy graves añaden la destitución y la imposibilidad de ser nombrado alto cargo entre cinco y diez años.
c) Las muy graves solo conllevan amonestación pública.
d) No existe régimen sancionador en esta ley.
Respuesta: b).
10. Señale la afirmación correcta sobre el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
a) Es un órgano del Congreso de los Diputados.
b) Es un organismo público con personalidad jurídica propia que actúa con autonomía y plena independencia, adscrito a un Ministerio, compuesto por la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno y su Presidente, y que presenta una memoria anual ante las Cortes Generales.
c) Carece de personalidad jurídica propia.
d) Sus resoluciones no se publican en ningún caso.
Respuesta: b).
12. Fuentes oficiales citadas
| Fuente | Referencia | Enlace |
|---|---|---|
| Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno | Ley 19/2013, de 9 de diciembre, BOE-A-2013-12887 | https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887 |
| Acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos | Constitución Española, artículo 105.b), BOE-A-1978-31229 | https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229 |
| Nulidad del silencio positivo autonómico en materia de acceso a la información | STC 104/2018, de 4 de octubre, BOE-A-2018-15008 | https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-15008 |
| Nulidad de precepto autonómico que atribuía efectos positivos al silencio | STC 76/2022, de 15 de junio, BOE-A-2022-11956 | https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-11956 |
| El silencio negativo como ficción legal en beneficio del ciudadano | STC 72/2008, de 23 de junio, BOE-T-2008-12645 | https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-T-2008-12645 |
| Protección de datos como derecho fundamental autónomo | STC 292/2000, de 30 de noviembre, BOE-T-2001-332 | https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-T-2001-332 |
| Convocatoria vigente del Cuerpo General Auxiliar | Resolución de 18 de diciembre de 2025, BOE-A-2025-26262 | https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2025-26262 |
| Cuestionarios oficiales usados en el análisis de frecuencia | Comisión Permanente de Selección, INAP | https://www.inap.es/es/seleccion/procesos-selectivos-de-cuerposescalas-generales/cuerpo-general-auxiliar-de-la-administracion-del-estado |
13. Control de calidad de este tema
| Comprobación | Estado |
|---|---|
| Cobertura literal del enunciado oficial: la Ley 19/2013 en su integridad, transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno | Completa |
| Nivel del tema según rendimiento medido | C, 1,25 puntos por ejercicio |
| Preguntas de test originales, con respuesta explicada | 35 |
| Preguntas de estilo de examen originales | 10 |
| Trampas de examen | 15 |
| Frecuencia medida sobre cuestionarios oficiales, no estimada | Sí, 6 ejercicios y 9 preguntas del tema |
| Enunciados oficiales reproducidos literalmente | Ninguno |
| Resoluciones citadas | 4, comprobadas en el BOE; dos de ellas verificadas en su día para el tema I.11 |
| Preceptos transcritos desde el texto consolidado, no de memoria | Ley 19/2013 arts. 1 a 8, 10, 12 a 26 y 28 a 38 |
| Advertencia de remisiones derogadas | Sí: los arts. 23.1 y 24.3 siguen remitiendo a la Ley 30/1992, con el criterio ya fijado en MEMORIA-LIBRO para el RD 208/1996 |
| Reparto con otros temas declarado | Sí: I.6 para gobierno abierto y Agenda 2030, I.12 para protección de datos, I.11 para procedimiento y silencio |
| Rayas tipográficas | Ninguna |
| Referencias al BOE con enlace | Sí, ocho fuentes oficiales |
| Revisión jurídica por colegiado | Pendiente |
Comprueba si te ha quedado
512 preguntas de Ley 19/2013, de transparencia y buen gobierno, con la solución explicada. Leer el tema y no medirse es la forma más común de creer que uno se lo sabe.
Hacer el test de Ley 19/2013, de transparencia y buen gobiernoTestMiOpo es una plataforma educativa independiente. No está afiliada a ninguna administración pública. El contenido debe revisarse junto con la convocatoria oficial correspondiente.
Las preguntas son de práctica y orientación. No garantizamos que aparezcan en el examen oficial.