Bloque II · Tema 4
Administración electrónica y servicios al ciudadano
«Administración electrónica y servicios al ciudadano. La información administrativa. Análisis de principales páginas web de carácter público. Servicios telemáticos. Oficinas integradas de atención al ciudadano. Ventanilla única empresarial. El Punto de Acceso General de la Administración General del Estado.»
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42 min de narración. Es el desarrollo del tema, sin las preguntas de test.
Tema 4. Administración electrónica y servicios al ciudadano
Bloque II. Actividad Administrativa y Ofimática. Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado (C2).
Enunciado oficial (Anexo I, BOE-A-2025-26262): «Administración electrónica y servicios al ciudadano. La información administrativa. Análisis de principales páginas web de carácter público. Servicios telemáticos. Oficinas integradas de atención al ciudadano. Ventanilla única empresarial. El Punto de Acceso General de la Administración General del Estado.»
| Autoría | Equipo de contenidos TestMiOpo |
|---|---|
| Revisión jurídica | Pendiente de revisor colegiado |
| Última revisión | 7 de agosto de 2026 |
| Norma de referencia | Ley 40/2015, de 1 de octubre (BOE-A-2015-10566), artículos 38 a 46. Ley 39/2015, de 1 de octubre (BOE-A-2015-10565), artículos 9, 12, 13, 14 y 16. Real Decreto 1112/2018 (BOE-A-2018-12699) para la accesibilidad de los sitios web públicos |
| Convocatoria de referencia | Resolución de 18 de diciembre de 2025 (BOE-A-2025-26262) |
1. Mapa del tema
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
│
├── LOS ESPACIOS
│ ├── Portal de internet: información
│ ├── Sede electrónica: trámites con garantías
│ └── Punto de Acceso General electrónico
│
├── LA IDENTIFICACIÓN
│ ├── Del interesado: certificados y otros sistemas
│ ├── De la Administración: sello electrónico
│ ├── Del personal: firma electrónica
│ └── Funcionario habilitado y asistencia
│
├── LA ACTUACIÓN ELECTRÓNICA
│ ├── Actuación administrativa automatizada
│ ├── Intercambio de datos en entornos cerrados
│ └── Archivo electrónico de documentos
│
├── LOS SERVICIOS AL CIUDADANO
│ ├── Servicios telemáticos
│ ├── Oficinas integradas de atención al ciudadano
│ ├── Ventanilla única empresarial
│ └── Carpeta ciudadana y notificaciones
│
└── LA CALIDAD DE LAS WEB PÚBLICAS
├── Accesibilidad
├── Información veraz y actualizada
└── Análisis de las principales páginas públicas
2. Introducción y enfoque de estudio
Este tema explica el edificio en el que se desarrolla hoy casi todo lo demás. Cuando el tema II.3 dice que el registro es electrónico, cuando el II.2 dice que la información particular se consulta con identificación y cuando el I.11 dice que el plazo se cuenta desde la entrada en el registro electrónico, todos están hablando de lo que aquí se sistematiza.
La distinción que ordena el tema. Entre portal de internet y sede electrónica. El portal informa; la sede es donde se hacen trámites con garantías, con un titular responsable de la integridad, veracidad y actualización de lo que allí consta. Casi todas las preguntas del tema se resuelven teniendo clara esa frontera y sus consecuencias.
Lo que se pregunta. Definiciones legales, sistemas de identificación y firma, y la identificación de los grandes servicios: el Punto de Acceso General, la carpeta ciudadana, las oficinas integradas y la ventanilla única empresarial. Son datos concretos y se preguntan como tales.
Una advertencia sobre las denominaciones. Este tema arrastra nombres de tres épocas: servicios telemáticos y ventanilla única proceden de normas de finales de los noventa, sede electrónica y Punto de Acceso General de la reforma de 2007 y de las leyes de 2015, y carpeta ciudadana o plataformas de intermediación son de la última década. El enunciado oficial los mezcla porque todos siguen usándose. Para el examen conviene saber a qué corresponde cada denominación y no perder tiempo discutiendo si alguna está anticuada: si la convocatoria la nombra, entra.
El consejo de estudio. Entre en las páginas que el enunciado pide analizar y compruebe cada concepto sobre ellas: dónde dice quién es el titular de la sede, dónde está el enlace de accesibilidad, qué sistemas de identificación admite y qué trámites permite iniciar. Media hora de navegación vale por dos lecturas.
3. Qué se pregunta de este tema
De dónde salen estas cifras. De ANALISIS-FRECUENCIA.md, recuento propio de TestMiOpo sobre los seis cuestionarios oficiales del ejercicio único publicados por la Comisión Permanente de Selección, de febrero de 2022 a mayo de 2026, con sus 480 preguntas clasificadas una a una (n = 6 ejercicios). Es medición, no impresión. No se reproduce el enunciado literal de ninguna pregunta oficial.
Lo que mide el recuento. Catorce preguntas en seis ejercicios, media de 2,33 por ejercicio, rango de 0 a 4. Etiqueta de confianza medido.
| Ejercicio | Fecha | Preguntas del tema II.4 |
|---|---|---|
| OEP 2019, ordinario | 12 de febrero de 2022 | 1 |
| OEP 2019, extraordinario | marzo de 2022 | 0 |
| OEP 2021 y 2022 | 17 de septiembre de 2023 | 3 |
| OEP 2023 y 2024, modelo A | 14 de diciembre de 2024 | 3 |
| OEP 2023 y 2024, extraordinario | 7 de febrero de 2025 | 4 |
| Convocatoria 2025, modelo A | 23 de mayo de 2026 | 3 |
| Total | 14 |
Un tema en ascenso. La serie muestra una tendencia clara: cero preguntas en 2022 y entre tres y cuatro en los tres últimos ejercicios. No está etiquetado como inestable porque el movimiento es sostenido y en una sola dirección, pero conviene tenerlo presente al repartir el tiempo de estudio: es de los pocos temas cuyo peso ha crecido de forma continuada.
Dónde se concentran las preguntas. Reparto por epígrafes, inferencia declarada, no medición.
| Bloque del tema | Peso estimado | Etiqueta |
|---|---|---|
| Sede electrónica y portal de internet | alto | inferido |
| Sistemas de identificación y firma | alto | inferido |
| Punto de Acceso General y carpeta ciudadana | medio alto | inferido |
| Oficinas integradas y ventanilla única empresarial | medio | inferido |
| Actuación administrativa automatizada y sello electrónico | medio | inferido |
| Accesibilidad y calidad de las web públicas | medio bajo | inferido |
| Archivo electrónico e intercambio de datos | bajo | inferido |
4. Desarrollo
4.1. Qué es la Administración electrónica
No es una Administración distinta: es la misma Administración actuando por medios electrónicos. Su régimen está repartido entre las dos leyes de 2015, y ese reparto es la primera pregunta que conviene saber contestar: la Ley 39/2015 regula la relación electrónica con el ciudadano, es decir, identificación, asistencia, registro, notificaciones y expediente; la Ley 40/2015 regula el funcionamiento electrónico del sector público, es decir, sede, portal, sello, firma del personal, actuación automatizada, intercambio de datos y archivo.
Los derechos que la sostienen. El artículo 13 de la Ley 39/2015 reconoce a quienes tienen capacidad de obrar, entre otros, el derecho a comunicarse con las Administraciones a través de un Punto de Acceso General electrónico, el derecho a ser asistidos en el uso de medios electrónicos, el derecho a utilizar las lenguas oficiales, el derecho de acceso a la información pública, archivos y registros conforme a la Ley 19/2013, y el derecho a ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y empleados públicos, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos.
La obligación correlativa. El artículo 12 obliga a las Administraciones a garantizar que los interesados puedan relacionarse electrónicamente, poniendo a su disposición los canales de acceso necesarios, y a asistir en el uso de esos medios a quienes no están obligados a relacionarse electrónicamente y lo soliciten, especialmente en identificación y firma electrónica, presentación de solicitudes en el registro electrónico general y obtención de copias auténticas.
El funcionario habilitado. El mismo artículo 12 añade la solución para quien no dispone de medios electrónicos: su identificación o firma podrá ser válidamente realizada por un funcionario público mediante el sistema de firma del que esté dotado, siendo necesario que el interesado se identifique ante el funcionario y preste su consentimiento expreso, que debe quedar constancia para los casos de discrepancia o litigio. Cada Administración mantiene actualizado un registro de los funcionarios habilitados para ello.
4.2. Portal de internet y sede electrónica
El portal de internet, artículo 39 de la Ley 40/2015, es «el punto de acceso electrónico cuya titularidad corresponda a una Administración Pública, organismo público o entidad de Derecho Público que permite el acceso a través de internet a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica correspondiente». Informa y da paso; no es el lugar de los trámites.
La sede electrónica, artículo 38, es «aquella dirección electrónica, disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administración Pública, o bien a una o varios organismos públicos o entidades de Derecho Público en el ejercicio de sus competencias».
La consecuencia jurídica que la distingue del portal, y que se pregunta: el establecimiento de una sede electrónica conlleva la responsabilidad del titular respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios accesibles a través de ella. Lo que dice la sede compromete a su titular.
Los principios de las sedes, artículo 38.3. Cada Administración determina las condiciones e instrumentos de creación de sus sedes con sujeción a los principios de transparencia, publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad. Y en todo caso debe garantizarse la identificación del órgano titular de la sede y los medios disponibles para la formulación de sugerencias y quejas, lo que enlaza con el tema II.2.
Dos exigencias más del mismo precepto. Las sedes dispondrán de sistemas que permitan comunicaciones seguras cuando sean necesarias, y la publicación de informaciones, servicios y transacciones respetará los principios de accesibilidad y uso conforme a las normas establecidas, con estándares abiertos y, en su caso, los de uso generalizado por los ciudadanos. La accesibilidad de los sitios web públicos se desarrolla en el tema II.12 a partir del Real Decreto 1112/2018.
Un matiz que conviene tener claro. Que un organismo tenga sede electrónica no significa que todos sus trámites estén disponibles en ella. La relación de trámites que pueden iniciarse figura en la propia sede, y comprobarla antes de afirmar nada evita el error más común al informar, que es dar por electrónico un procedimiento que todavía no lo está.
La regla práctica para el mostrador. Cuando alguien pregunta si un trámite se puede hacer por internet, la respuesta está en la sede del organismo competente, no en su portal informativo ni en un buscador. Y cuando hay que acreditar qué decía la Administración en una fecha, lo que vale es lo publicado en la sede, con su fecha y hora oficiales.
4.3. La identificación y la firma
Identificar no es firmar. La identificación acredita quién es el interesado; la firma expresa su voluntad y compromete el contenido del documento. Es la distinción que más veces se pregunta del bloque, y de ella deriva que haya trámites que solo exigen identificación y otros que exigen firma.
Sistemas de identificación del interesado, artículo 9 de la Ley 39/2015. Las Administraciones están obligadas a verificar la identidad de los interesados mediante la comprobación de su nombre y apellidos o denominación o razón social que consten en el Documento Nacional de Identidad o documento identificativo equivalente. Y los interesados podrán identificarse electrónicamente a través de:
- Certificados electrónicos cualificados de firma electrónica expedidos por prestadores incluidos en la lista de confianza de prestadores de servicios de certificación.
- Certificados electrónicos cualificados de sello electrónico expedidos por esos mismos prestadores.
- Cualquier otro sistema que las Administraciones consideren válido, siempre que cuente con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad y previa comunicación al órgano competente en materia de administración digital.
Ese tercer supuesto es el que da cobertura a los sistemas de claves concertadas, que permiten identificarse sin certificado tras un registro previo.
La identificación de la Administración, artículo 40 de la Ley 40/2015. Las Administraciones pueden identificarse mediante un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado, que incluirá el número de identificación fiscal y la denominación correspondiente y, en su caso, la identidad del titular cuando se trate de sellos de órganos administrativos. La relación de sellos utilizados debe hacerse pública.
La firma del personal, artículo 43. La actuación de una Administración por medios electrónicos se realiza mediante firma electrónica del titular del órgano o del empleado público, y cada Administración determina los sistemas de firma que debe utilizar su personal, que pueden identificar conjuntamente al titular del puesto o cargo y a la Administración u órgano.
Por qué la ley distingue tres identidades. Porque en un acto administrativo electrónico intervienen tres sujetos que pueden confundirse: la Administración como organización, el órgano o empleado que actúa y el ciudadano que se relaciona con ella. El sello identifica a la primera, la firma del personal al segundo y los sistemas del artículo 9 al tercero. Un documento sellado sin firma de nadie es un acto de la organización; uno firmado por un empleado compromete además a quien lo firma.
La regla de custodia que conviene subrayar. Un certificado de empleado público identifica a una persona en el ejercicio de su cargo. No se presta, no se instala en equipos ajenos y no se usa para firmar lo que otro debería firmar. Es la traslación al ámbito electrónico de la regla que el tema II.11 enunció para las contraseñas y los buzones.
4.4. La actuación administrativa automatizada
Qué es, artículo 41 de la Ley 40/2015: «cualquier acto o actuación realizada íntegramente a través de medios electrónicos por una Administración Pública en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado público».
Qué exige. El apartado 2 impone que se establezca previamente el órgano u órganos competentes para la definición de las especificaciones, la programación, el mantenimiento, la supervisión y el control de calidad y, en su caso, la auditoría del sistema de información y de su código fuente, y que se indique el órgano que debe ser considerado responsable a efectos de impugnación.
Por qué esa exigencia importa. Porque un acto automatizado sigue siendo un acto administrativo: produce efectos, es impugnable y alguien debe responder de él. Saber de antemano quién define las reglas, quién las mantiene y quién responde es lo que impide que la automatización se convierta en una decisión sin autor.
Los sistemas de firma admitidos para la actuación automatizada, artículo 42: el sello electrónico de la Administración, órgano, organismo público o entidad de derecho público, basado en certificado reconocido o cualificado; y el código seguro de verificación, vinculado a la Administración y, en su caso, a la persona firmante, que permite en todo caso la comprobación de la integridad del documento mediante el acceso a la sede electrónica correspondiente.
El código seguro de verificación en el mostrador. Es lo que permite que un documento impreso pueda comprobarse: quien lo recibe entra en la sede, introduce el código y ve el documento electrónico original. Por eso un justificante con código de verificación vale más que una fotocopia compulsada de un impreso, y por eso conviene explicarlo a quien pide una copia sellada.
4.5. Intercambio de datos y archivo electrónico
El intercambio en entornos cerrados, artículo 44. Los documentos electrónicos transmitidos en entornos cerrados de comunicaciones establecidos entre Administraciones, órganos, organismos públicos y entidades de derecho público se consideran válidos a efectos de autenticación e identificación de emisores y receptores en las condiciones que el propio precepto establece. Es la base jurídica de las plataformas de intermediación de datos que permiten aplicar el derecho a no aportar documentos del artículo 28 de la Ley 39/2015, estudiado en el tema II.3.
El aseguramiento e interoperabilidad de la firma, artículo 45. Las Administraciones pueden determinar los trámites e informes que incluyan firma electrónica reconocida o cualificada y avanzada basada en certificados cualificados, y deben favorecer la interoperabilidad y la verificación automática de la firma.
El archivo electrónico de documentos, artículo 46. Todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se almacenarán por medios electrónicos, salvo cuando no sea posible. Y los documentos electrónicos que contengan actos administrativos que afecten a derechos o intereses de los particulares deberán conservarse en soportes de esa naturaleza, en el formato original o en cualquier otro que asegure la identidad e integridad de la información necesaria para reproducirlo, asegurando la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes. La materia de archivo corresponde al tema II.3, propietario, al que se remite.
4.6. El Punto de Acceso General y la carpeta ciudadana
El Punto de Acceso General electrónico es el espacio al que el artículo 13.a) de la Ley 39/2015 vincula el derecho de los ciudadanos a comunicarse con las Administraciones. Funciona como puerta única: reúne la información sobre organización, procedimientos y servicios, y encamina hacia las sedes electrónicas donde se tramita. No sustituye a las sedes: las agrega y las hace localizables.
Qué encuentra allí un ciudadano. Información general sobre trámites y organismos, acceso a los procedimientos más usados, directorio de oficinas y, con identificación previa, el acceso a su información particular. Esa combinación es la traducción práctica de la distinción entre información general y particular del tema II.2.
La carpeta ciudadana es el espacio personal al que se accede con identificación y en el que la persona encuentra sus datos, sus expedientes en curso ante distintas Administraciones, sus notificaciones y sus apoderamientos. Es el ejemplo más claro de información particular: no muestra nada de nadie más y exige identificación previa.
Las notificaciones electrónicas. Se practican por comparecencia en la sede electrónica o en la dirección electrónica habilitada, y el aviso que se envía al correo o al teléfono es solo eso, un aviso: su falta no impide que la notificación se tenga por practicada, según se explicó en el tema II.11. Esa es una de las advertencias que más veces hay que dar en atención al público, porque quien confía únicamente en el aviso puede perder un plazo.
La convocatoria del propio proceso selectivo lo aplica. La Resolución de 18 de diciembre de 2025 dispone que sus actos se publican en la sede electrónica del Instituto Nacional de Administración Pública y en el Punto de Acceso General, y que las notificaciones se practican por medios electrónicos mediante su puesta a disposición en la sede electrónica del Punto de Acceso General, a través de la carpeta ciudadana, con aviso a la dirección de correo indicada por la persona aspirante.
4.7. Servicios telemáticos, oficinas integradas y ventanilla única empresarial
El enunciado oficial nombra expresamente estas tres realidades.
Los servicios telemáticos son los que permiten realizar por medios electrónicos actuaciones que antes exigían presencia física: presentar solicitudes y escritos, consultar el estado de un expediente, obtener certificados, pagar tasas, recibir notificaciones y aportar documentación. Su denominación procede de normas anteriores y hoy se corresponde con los servicios de las sedes electrónicas.
Las oficinas integradas de atención al ciudadano responden a una idea sencilla: que el ciudadano pueda presentar en una sola oficina documentos dirigidos a cualquier Administración, sin tener que averiguar cuál es la ventanilla competente. Se sostienen sobre convenios entre Administraciones y sobre la interoperabilidad de los registros que exige el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, y su función se solapa hoy en gran medida con la de las oficinas de asistencia en materia de registros, estudiadas en el tema II.3.
La ventanilla única empresarial persigue el mismo objetivo para quien va a emprender una actividad económica: reunir en un solo punto la información y los trámites necesarios para constituir una empresa e iniciar su actividad, evitando que el interesado recorra varias Administraciones. Su lógica es la de la simplificación y la de la cooperación entre Administraciones que enuncia el artículo 3 de la Ley 40/2015.
Lo que el examen suele preguntar de estas tres figuras es su finalidad y su ámbito, no su regulación de detalle: servicios telemáticos como tramitación electrónica, oficinas integradas como presentación única para cualquier Administración y ventanilla única empresarial como punto único para la creación de empresas.
4.8. Análisis de las principales páginas web de carácter público
El enunciado pide expresamente analizar las principales páginas públicas, lo que en el examen se traduce en preguntas sobre qué contiene cada una.
| Sitio | Qué ofrece |
|---|---|
| Punto de Acceso General | Información y acceso a trámites de todas las Administraciones, directorio de oficinas y acceso identificado a la carpeta ciudadana |
| Boletín Oficial del Estado | Publicación oficial y textos consolidados de la legislación, que son la fuente que este manual utiliza |
| Sedes electrónicas de los ministerios y organismos | Trámites con garantías del organismo titular, con su registro electrónico y sus notificaciones |
| Portal de la transparencia | Publicidad activa y ejercicio del derecho de acceso a la información pública, materia del tema I.7 |
| Portal web del INAP y de la Comisión Permanente de Selección | Convocatorias, listas y actos de los procesos selectivos |
| Portales de datos abiertos | Conjuntos de datos publicados en formatos reutilizables, materia que enlaza con el artículo 5.4 de la Ley 19/2013 |
Cómo se reconoce una página pública auténtica. Por su dominio, leído de derecha a izquierda, que en la Administración General del Estado termina en .gob.es; por la identificación expresa de su titular; por la presencia del enlace de accesibilidad con su declaración; y por la coherencia entre lo que ofrece y lo que su titular es competente para hacer. Una web que ofrece tramitar impuestos estatales desde un dominio comercial no es una sede, por muy oficial que parezca su aspecto.
Qué se publica y qué no en una web pública. Se publica la información institucional, la normativa aplicable, los procedimientos con sus requisitos y plazos, las convocatorias y las resoluciones que deban publicarse, además de la información sujeta a publicidad activa según el tema I.7. No se publican datos personales que no deban difundirse, y cuando la publicación es obligatoria y afecta a personas identificadas se aplican las técnicas de seudonimización que la propia convocatoria de este proceso selectivo emplea al publicar las listas.
Qué diferencia una publicación de una notificación. La publicación se dirige a un colectivo indeterminado o sustituye a la notificación en los supuestos legalmente previstos; la notificación se dirige a una persona concreta y produce efectos individuales. Confundirlas es un error frecuente al informar: que algo esté publicado en la web no significa que el interesado esté notificado, salvo que la norma así lo establezca.
Qué mirar en cualquiera de ellas, con los criterios ya estudiados: quién es el titular y si está identificado; si distingue lo informativo de lo tramitable; qué sistemas de identificación admite; dónde está el enlace de accesibilidad con su declaración; y cómo se formulan quejas y sugerencias. Esas cinco comprobaciones son, además, un buen resumen del tema entero.
Una advertencia de seguridad que enlaza con el II.12. A una sede electrónica se llega escribiendo su dirección o desde un marcador propio, nunca desde el primer resultado de un buscador ni desde un enlace recibido por correo. Los servicios públicos son objeto habitual de suplantación, y el dominio terminado en .gob.es leído de derecha a izquierda es la comprobación que desmonta la mayoría de los intentos.
4.9. La información administrativa en el entorno electrónico
El enunciado menciona también la información administrativa, que es materia propia del tema II.2. Aquí se recoge solo lo que cambia cuando el canal es electrónico.
Lo que mejora. La información general está disponible sin horarios y de forma uniforme, y puede actualizarse en el momento. La información particular se consulta con identificación, lo que resuelve el problema del canal telefónico. Y el ciudadano puede comprobar por sí mismo el estado de sus expedientes sin depender de que alguien se lo cuente.
Lo que empeora si no se cuida. La información desactualizada en una sede compromete a su titular, porque el artículo 38.2 le hace responsable de su veracidad y actualización. Un formulario obsoleto o un plazo mal publicado no son un detalle de mantenimiento: son información oficial errónea.
Y lo que no cambia. Que la información particular sigue reservada a los interesados, que informar no es interpretar y que quien no puede o no quiere usar el canal electrónico tiene derecho a ser atendido y asistido. La brecha digital es real, y el derecho de acceso universal a Internet del artículo 81 de la Ley Orgánica 3/2018, estudiado en el tema II.12, es precisamente el reconocimiento de que el canal electrónico no puede convertirse en una barrera.
4.9 bis. Qué cambia para el empleado público
El tema suele estudiarse desde la perspectiva del ciudadano, y conviene mirarlo también desde el puesto, porque de ahí salen las preguntas de aplicación práctica.
La tramitación deja de ser lineal. En el modelo de papel, el expediente era un objeto físico que pasaba de mesa en mesa y cuya posición se sabía mirando dónde estaba la carpeta. En el electrónico, el expediente está en el sistema y lo que se mueve son las tareas. Eso obliga a un cambio de hábito: consultar el estado en la aplicación en lugar de preguntar a quien lo tuvo la última vez.
La trazabilidad es automática y también es responsabilidad. Cada acceso, cada modificación y cada firma quedan registrados. Es una garantía para el ciudadano y para el propio empleado, porque permite acreditar qué se hizo y cuándo. Y es también un límite: consultar un expediente en el que no se tiene intervención deja rastro y no está amparado por la curiosidad.
La firma sustituye al visto bueno informal. Lo que antes se resolvía con una rúbrica al margen exige ahora un acto de firma electrónica con efectos plenos. Firmar deprisa un documento que no se ha leído tiene las mismas consecuencias que firmarlo en papel, con el agravante de que consta la hora exacta.
Los plazos se cumplen o no se cumplen con precisión de minutos. La fecha y hora oficial de la sede no admite matices: un escrito presentado a las 00:01 del día siguiente está fuera de plazo aunque la intención fuera otra. Esa exactitud, que perjudica a quien se descuida, es la misma que protege a quien presenta a tiempo y necesita acreditarlo.
Y el trato personal sigue siendo el mismo. La administración electrónica cambia el canal, no el deber de atender. Quien acude al mostrador porque no se aclara con la sede no está pidiendo un favor: está ejerciendo el derecho a ser asistido que reconoce el artículo 12 de la Ley 39/2015.
4.10. La identidad digital en la práctica
Todo lo anterior se apoya en que la Administración sepa quién está al otro lado. Este epígrafe ordena las piezas tal como se presentan en el mostrador, que es donde se preguntan.
El certificado electrónico es un archivo, o una tarjeta, que vincula una identidad con unas claves y que emite un prestador de servicios de confianza. Sirve para identificarse y para firmar, y su titularidad es personal: el de una persona física la representa a ella; el de representante de una entidad, a la entidad en los términos del propio certificado; y el de empleado público, a quien lo es en el ejercicio de su cargo. Caduca, puede revocarse y debe custodiarse como se custodia una firma.
Los sistemas de clave concertada son la alternativa para quien no quiere o no puede manejar un certificado. Encajan en el tercer supuesto del artículo 9.2 de la Ley 39/2015: sistemas que la Administración considera válidos siempre que exista un registro previo como usuario que garantice la identidad. Por eso su obtención exige un paso presencial o una comprobación equivalente: la seguridad no está en la clave, está en el registro que la precede.
La representación y los apoderamientos. Quien actúa en nombre de otro debe acreditarlo. Los registros electrónicos de apoderamientos permiten inscribir esa representación para que no haya que probarla en cada trámite, y son precisamente uno de los puntos sobre los que se pronunció la sentencia constitucional que se cita en el epígrafe 5. En la oficina, la comprobación es doble: quién es quien comparece y en nombre de quién actúa.
Qué se comprueba antes de dar por identificado a alguien. Que el sistema empleado es de los admitidos por la sede; que el certificado no está caducado ni revocado; que la persona que aparece identificada es la interesada o su representante inscrito; y que el trámite concreto exige identificación o además firma. Cuatro comprobaciones que evitan la mayoría de los problemas posteriores.
4.11. Incidencias frecuentes en la tramitación electrónica
Son las que llegan al mostrador todos los días y las que el examen convierte en preguntas de aplicación.
El certificado no aparece o la sede no lo reconoce. Se comprueba que esté instalado en el almacén que el navegador consulta, que no haya caducado, que la tarjeta esté insertada y su lector reconocido, y que se esté usando un navegador admitido por la sede. El diagnóstico completo está en el tema II.12, que es el propietario del navegador.
La firma no se completa. Casi siempre falta la aplicación de firma que el organismo exige, o está bloqueada por el navegador. El navegador transporta, la aplicación firma y el certificado acredita: identificar cuál de los tres falla es la mitad del problema resuelto.
El justificante no llega. Antes de repetir la presentación conviene comprobar el estado en la carpeta ciudadana o en el registro de la propia sede, porque presentar dos veces el mismo escrito genera dos asientos y dos expedientes que después hay que acumular.
La notificación no se abre. Se comprueba si el plazo de comparecencia sigue abierto, si la persona está usando el sistema de identificación correcto y si la notificación corresponde a otra Administración distinta de la que se está consultando. Y se recuerda que el aviso al correo no es la notificación.
La sede no responde. Si la caída impide cumplir un plazo, existe la previsión del artículo 32.4 de la Ley 39/2015 sobre ampliación por incidencia técnica, estudiada en el tema I.11: la Administración puede ampliar los plazos no vencidos publicando en la sede tanto la incidencia como la ampliación acordada. Lo que corresponde en la oficina es documentar el intento, con la fecha y la hora, y trasladarlo por el cauce interno.
Y una cautela final. Ninguna de estas incidencias se resuelve pidiendo al ciudadano sus claves ni usando su certificado. Cuando el interesado necesita ayuda para actuar electrónicamente, el cauce es el del artículo 12: asistencia y, si carece de medios, funcionario habilitado con identificación y consentimiento expreso.
[[CAPTURA: fig-II04-01]]
Aplicación: navegador web sobre Windows 11, en español, Punto de Acceso General de la Administración General del Estado
Qué mostrar: la página de inicio con los accesos a información, trámites y carpeta ciudadana
Resaltar: el acceso identificado a la carpeta ciudadana y el directorio de oficinas
Pie: Figura II.4.1. El Punto de Acceso General agrega la información y encamina hacia las sedes donde se tramita
[[CAPTURA: fig-II04-02]]
Aplicación: navegador web sobre Windows 11, en español, sede electrónica de un organismo de la Administración General del Estado
Qué mostrar: la cabecera de la sede con la identificación de su titular, la fecha y hora oficial y el enlace de accesibilidad
Resaltar: la identificación del órgano titular y el enlace denominado Accesibilidad
Pie: Figura II.4.2. Toda sede electrónica identifica a su titular y ofrece los medios para quejas y sugerencias
5. Jurisprudencia esencial
Las resoluciones se han comprobado en el Boletín Oficial del Estado.
STC 55/2018, de 24 de mayo (Pleno, recurso de inconstitucionalidad 3628-2016, publicada como BOE-A-2018-8574). Resolvió sobre diversos preceptos de la Ley 39/2015 y declaró la nulidad de extremos relativos, entre otros, a los registros electrónicos de apoderamientos, además de pronunciarse sobre los preceptos que identifican los títulos competenciales habilitantes de la ley y de realizar una interpretación conforme de la disposición relativa a la adhesión de las Administraciones territoriales a las plataformas y registros de la Administración General del Estado. Es la resolución de cabecera de este tema: fija que el modelo común de administración electrónica no puede imponerse sin respetar el reparto competencial.
STC 132/2018, de 13 de diciembre (publicada como BOE-A-2019-457). Declaró contrarios al orden constitucional de competencias determinados incisos de la Ley 40/2015 en materia de convenios, que son el instrumento sobre el que se sostienen las oficinas integradas y buena parte de la cooperación electrónica entre Administraciones.
STC 100/2019, de 18 de julio (Pleno, conflicto positivo de competencia 259-2019, planteado por el Gobierno vasco, publicada como BOE-A-2019-11912). Resolvió sobre el Real Decreto 1112/2018 de accesibilidad de los sitios web y aplicaciones móviles del sector público, y declaró la nulidad de los preceptos que regulaban la actividad administrativa de los parlamentos autonómicos y atribuían a la Administración General del Estado funciones ejecutivas de titularidad autonómica, así como la ausencia de carácter básico de distintas disposiciones. Interesa aquí porque la accesibilidad es uno de los principios que el artículo 38.3 exige a toda sede electrónica.
STC 292/2000, de 30 de noviembre (Pleno, recurso de inconstitucionalidad 1463/2000, publicada como BOE-T-2001-332). Configuró el derecho fundamental a la protección de datos como derecho autónomo, con un poder de control sobre los datos personales, su uso y su destino. Es el límite permanente de la carpeta ciudadana, de las plataformas de intermediación y de cualquier servicio que agregue información de una persona.
STC 52/2014, de 10 de abril (Pleno, cuestión de inconstitucionalidad 2918-2005, publicada como BOE-A-2014-4822). Declaró constitucional el precepto que fija el plazo para recurrir los actos presuntos. Se cita porque en el entorno electrónico la fecha y hora de la sede es la que determina el cómputo, y de ahí la relevancia jurídica de su exactitud.
Una nota sobre por qué este tema tiene tanta jurisprudencia competencial y tan poca de fondo. Porque la administración electrónica se implantó mediante normas estatales de vocación común aplicables a todas las Administraciones, y el conflicto que llegó al Tribunal Constitucional no fue si debía existir sede electrónica, que nadie discutió, sino hasta dónde puede el Estado imponer plataformas, registros y soluciones concretas a las comunidades autónomas. Saber eso evita el error de buscar en estas sentencias una doctrina sobre los derechos del ciudadano ante la sede que no contienen.
Lo que hay que llevarse. La administración electrónica es un modelo común con límites competenciales que el Tribunal Constitucional ha precisado. La sede compromete a su titular por lo que publica. Y la agregación de información sobre una persona, por cómoda que resulte, sigue sujeta al derecho fundamental a la protección de datos.
6. Tabla resumen del tema
| Concepto | Dato exacto |
|---|---|
| Portal de internet | Punto de acceso electrónico de titularidad pública que permite acceder a la información publicada y, en su caso, a la sede |
| Sede electrónica | Dirección electrónica de titularidad de una Administración, organismo o entidad de Derecho Público |
| Responsabilidad del titular de la sede | Integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios |
| Principios de las sedes | Transparencia, publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad |
| Garantías mínimas de toda sede | Identificación del órgano titular y medios para formular sugerencias y quejas |
| Identificación del interesado | Certificados cualificados de firma, certificados cualificados de sello y otros sistemas con registro previo de usuario |
| Verificación de identidad | Nombre y apellidos o denominación social que consten en el DNI o documento equivalente |
| Identificación de la Administración | Sello electrónico basado en certificado reconocido o cualificado |
| Firma de la actuación administrativa | Firma electrónica del titular del órgano o del empleado público |
| Actuación administrativa automatizada | Acto realizado íntegramente por medios electrónicos sin intervención directa de un empleado público |
| Exigencias de la actuación automatizada | Determinación previa de órganos competentes para especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión, control de calidad y auditoría, e indicación del órgano responsable a efectos de impugnación |
| Sistemas de firma de la actuación automatizada | Sello electrónico y código seguro de verificación |
| Código seguro de verificación | Permite comprobar la integridad del documento accediendo a la sede electrónica |
| Intercambio en entornos cerrados | Documentos válidos a efectos de autenticación e identificación entre Administraciones |
| Archivo electrónico, art. 46 Ley 40/2015 | Todos los documentos se almacenan por medios electrónicos salvo cuando no sea posible |
| Punto de Acceso General electrónico | Derecho del art. 13.a) de la Ley 39/2015 a comunicarse con las Administraciones a través de él |
| Carpeta ciudadana | Espacio personal con acceso identificado a expedientes, notificaciones y apoderamientos |
| Asistencia en medios electrónicos | Art. 12: a quienes no están obligados a relacionarse electrónicamente y lo soliciten |
| Funcionario habilitado | Puede identificar o firmar por el interesado que carezca de medios, previa identificación y consentimiento expreso de este |
| Oficinas integradas | Permiten presentar documentos dirigidos a cualquier Administración |
| Ventanilla única empresarial | Punto único de información y trámites para crear una empresa e iniciar su actividad |
| Servicios telemáticos | Tramitación electrónica de actuaciones antes presenciales |
| Aviso de notificación | No es la notificación: su falta no impide que esta se tenga por practicada |
| Accesibilidad de las sedes | Exigida por el art. 38 y desarrollada por el RD 1112/2018, tema II.12 |
7. Trampas de examen
1. Portal de internet no es sede electrónica. El portal informa; la sede compromete a su titular respecto de la integridad, veracidad y actualización de lo publicado.
2. Identificar no es firmar. La identificación acredita quién es; la firma expresa la voluntad y compromete el contenido.
3. La sede debe identificar a su órgano titular y ofrecer medios para quejas y sugerencias. Son garantías mínimas del artículo 38.3.
4. El sello electrónico identifica a la Administración, no a un empleado. La firma del personal es cosa distinta.
5. La actuación automatizada es la que se realiza sin intervención directa de un empleado público, no la que se hace deprisa ni la que se firma en bloque.
6. Toda actuación automatizada exige determinar previamente los órganos competentes y el responsable a efectos de impugnación.
7. El código seguro de verificación permite comprobar la integridad del documento en la sede. No es un número de registro.
8. El aviso de notificación no es la notificación. Su falta no impide que la notificación se tenga por practicada.
9. El derecho a comunicarse a través del Punto de Acceso General está en el artículo 13.a) de la Ley 39/2015.
10. La asistencia en el uso de medios electrónicos se presta a quienes NO están obligados a relacionarse electrónicamente y lo soliciten.
11. El funcionario habilitado necesita que el interesado se identifique y preste consentimiento expreso. No firma por su cuenta.
12. Las personas jurídicas están obligadas a relacionarse electrónicamente, de modo que no son destinatarias de la asistencia del artículo 12.2.
13. Los sistemas de identificación sin certificado exigen registro previo como usuario que garantice la identidad.
14. La carpeta ciudadana es información particular: exige identificación y no muestra datos de terceros.
15. Las oficinas integradas permiten presentar documentos dirigidos a cualquier Administración, no solo a la titular de la oficina.
16. La ventanilla única empresarial es para la creación de empresas y el inicio de actividad, no un registro general.
17. Todos los documentos de las actuaciones administrativas se almacenan por medios electrónicos salvo cuando no sea posible, según el artículo 46 de la Ley 40/2015.
18. La accesibilidad es un principio exigible a las sedes, y su régimen técnico está en el Real Decreto 1112/2018.
19. A una sede electrónica no se llega por el primer resultado de un buscador. Se escribe la dirección o se usa un marcador verificado.
20. La Ley 39/2015 regula la relación electrónica con el ciudadano y la Ley 40/2015 el funcionamiento electrónico del sector público. Atribuir a una lo que dice la otra es la trampa de fondo del tema.
8. Reglas mnemotécnicas
Para el reparto de leyes: la 39 te habla a ti, la 40 habla de ella misma. Identificación, registro y notificaciones en la 39; sede, sello, firma y archivo en la 40.
Para portal y sede: el portal cuenta, la sede responde.
Para los principios de la sede: transparencia, publicidad y responsabilidad; calidad, seguridad y disponibilidad; accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad. Tres tríos.
Para la identificación: certificado, sello o clave con registro previo. Tres puertas, y la tercera exige darse de alta antes.
Para la actuación automatizada: sin empleado detrás, pero con órgano responsable delante.
Para el código seguro de verificación: el papel se comprueba volviendo a la sede.
Para la asistencia: se ayuda a quien puede elegir, porque quien está obligado ya debe tener medios.
9. Aplicación práctica
Caso 1. Una persona mayor quiere presentar una solicitud y no tiene certificado electrónico ni sabe usarlo.
Es una persona física, de modo que puede presentar en papel, y además tiene derecho a ser asistida. Si desea la vía electrónica, cabe que un funcionario habilitado realice su identificación o firma mediante el sistema del que esté dotado, siempre que ella se identifique ante el funcionario y preste su consentimiento expreso, del que debe quedar constancia. Lo que no procede es que el funcionario use el certificado del interesado ni que este comparta sus claves.
Caso 2. Un ciudadano dice que no le ha llegado ningún aviso y que por eso no ha contestado a una notificación.
Se le explica que la notificación se practica por comparecencia en la sede electrónica o en la dirección electrónica habilitada y que el aviso al correo o al teléfono es solo un aviso, cuya falta no impide que la notificación se tenga por practicada. Se le indica cómo consultar sus notificaciones en la carpeta ciudadana y se le recomienda revisar los datos de contacto que tiene declarados.
Caso 3. Una unidad va a publicar en su sede un formulario y un plazo.
Debe comprobar que ambos están vigentes antes de publicarlos, porque el titular de la sede responde de la integridad, veracidad y actualización de lo que allí figura. Y debe cuidar la accesibilidad del contenido, según los criterios del Real Decreto 1112/2018 estudiados en el tema II.12: nada de PDF escaneados como imagen y texto alternativo en las imágenes.
Caso 4. Un ciudadano pide una copia sellada de un justificante presentado electrónicamente.
El justificante ya incorpora un código seguro de verificación que permite comprobar su integridad accediendo a la sede. Se le explica cómo hacerlo y se le indica que ese código acredita más que un sello de caucho sobre una fotocopia, porque cualquier receptor puede verificar el documento original en la sede del organismo.
Caso 5. Una persona quiere crear una empresa y no sabe por dónde empezar.
Se le orienta hacia la ventanilla única empresarial, que reúne en un punto único la información y los trámites para constituir la empresa e iniciar la actividad, y se le informa de que puede presentar documentación dirigida a cualquier Administración en una oficina integrada. La información concreta sobre requisitos fiscales o laborales corresponde a los organismos competentes: informar de dónde se hace cada cosa entra dentro de la función de información; asesorar sobre qué le conviene, no.
10. Preguntas de test con respuesta explicada
Las cincuenta preguntas siguientes son de redacción propia del equipo de contenidos de TestMiOpo. No reproducen el enunciado ni las opciones de ningún cuestionario oficial ni de ningún banco de preguntas ajeno.
1. La sede electrónica se define en:
a) El artículo 38 de la Ley 40/2015 b) El artículo 16 de la Ley 39/2015 c) El Real Decreto 1112/2018 d) La Ley 19/2013
Respuesta: a).
2. El establecimiento de una sede electrónica conlleva la responsabilidad de su titular respecto de:
a) La seguridad de los equipos de los usuarios b) La integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios c) La conexión a internet del ciudadano d) El contenido de los buscadores
Respuesta: b).
3. El punto de acceso electrónico que permite acceder a la información publicada y, en su caso, a la sede electrónica se denomina:
a) Portal de internet b) Carpeta ciudadana c) Registro electrónico d) Ventanilla única
Respuesta: a). Artículo 39 de la Ley 40/2015.
4. Entre los principios a los que se sujeta la creación de sedes electrónicas NO figura:
a) Accesibilidad b) Interoperabilidad c) Discrecionalidad d) Neutralidad
Respuesta: c).
5. Toda sede electrónica debe garantizar en todo caso:
a) La identificación del órgano titular y los medios para formular sugerencias y quejas b) La gratuidad de todos los trámites c) La atención telefónica permanente d) La traducción a todos los idiomas de la Unión Europea
Respuesta: a).
6. Las Administraciones Públicas pueden identificarse electrónicamente mediante:
a) La firma del funcionario que atienda b) Un sello electrónico basado en certificado reconocido o cualificado c) Una clave concertada d) El código seguro de verificación exclusivamente
Respuesta: b).
7. La actuación administrativa automatizada se define como:
a) La realizada con ayuda de herramientas informáticas b) Cualquier acto o actuación realizada íntegramente por medios electrónicos sin intervención directa de un empleado público c) La firmada por el titular del órgano d) La tramitación de urgencia
Respuesta: b).
8. En la actuación administrativa automatizada debe establecerse previamente:
a) El número de expedientes que se resolverán b) El órgano u órganos competentes para especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión, control de calidad y auditoría, y el órgano responsable a efectos de impugnación c) El importe de las tasas d) El calendario de días inhábiles
Respuesta: b).
9. El código seguro de verificación permite:
a) Cifrar el documento b) Comprobar la integridad del documento mediante el acceso a la sede electrónica c) Firmar en nombre del interesado d) Identificar al funcionario actuante
Respuesta: b).
10. La firma electrónica del personal al servicio de las Administraciones:
a) Sustituye al sello electrónico en todo caso b) Es el modo ordinario de actuación electrónica del titular del órgano o del empleado público c) Solo se usa en actuaciones automatizadas d) Es voluntaria
Respuesta: b).
11. Los interesados pueden identificarse electrónicamente mediante sistemas distintos de los certificados siempre que:
a) Lo autorice el interesado b) Cuenten con un registro previo como usuario que permita garantizar su identidad c) Se presenten en la oficina d) Se trate de personas jurídicas
Respuesta: b).
12. La verificación de la identidad de los interesados se realiza mediante la comprobación de:
a) Su domicilio fiscal b) Su nombre y apellidos o denominación o razón social que consten en el DNI o documento identificativo equivalente c) Su número de teléfono d) Su dirección de correo electrónico
Respuesta: b).
13. El derecho a comunicarse con las Administraciones a través de un Punto de Acceso General electrónico está reconocido en:
a) El artículo 13.a) de la Ley 39/2015 b) El artículo 38 de la Ley 40/2015 c) La Ley 19/2013 d) El Real Decreto 1112/2018
Respuesta: a).
14. La asistencia en el uso de medios electrónicos se presta:
a) A todos los interesados sin excepción b) A los interesados no obligados a relacionarse electrónicamente que así lo soliciten c) Solo a las personas jurídicas d) Solo a mayores de sesenta y cinco años
Respuesta: b).
15. Cuando un interesado no dispone de medios electrónicos, su identificación o firma puede realizarla:
a) Cualquier persona con certificado b) Un funcionario público habilitado, previa identificación del interesado y su consentimiento expreso c) Un familiar d) El titular del órgano de oficio
Respuesta: b).
16. La carpeta ciudadana es:
a) Información general accesible sin identificación b) Un espacio personal al que se accede con identificación, con expedientes, notificaciones y apoderamientos c) Un registro de entrada d) Un archivo histórico
Respuesta: b).
17. El aviso que se envía al correo electrónico al practicar una notificación electrónica:
a) Sustituye a la notificación b) Es solo un aviso y su falta no impide que la notificación se tenga por practicada c) Interrumpe el plazo d) Es obligatorio para la validez de la notificación
Respuesta: b).
18. Las oficinas integradas de atención al ciudadano permiten:
a) Presentar documentos dirigidos a cualquier Administración b) Resolver recursos c) Expedir certificados judiciales d) Tramitar exclusivamente asuntos municipales
Respuesta: a).
19. La ventanilla única empresarial tiene por objeto:
a) La contratación pública b) Reunir en un punto único la información y los trámites para crear una empresa e iniciar su actividad c) La inspección de trabajo d) La recaudación de tasas
Respuesta: b).
20. Conforme al artículo 46 de la Ley 40/2015, los documentos utilizados en las actuaciones administrativas:
a) Se conservan preferentemente en papel b) Se almacenarán por medios electrónicos, salvo cuando no sea posible c) Se destruyen al finalizar el procedimiento d) Se publican en la sede
Respuesta: b).
21. Los documentos electrónicos que contengan actos que afecten a derechos o intereses de los particulares:
a) Pueden imprimirse y destruirse los originales b) Deberán conservarse en soportes electrónicos que aseguren la identidad e integridad de la información c) Se conservan solo cinco años d) No requieren formato específico
Respuesta: b).
22. El intercambio de documentos en entornos cerrados de comunicaciones entre Administraciones:
a) Carece de validez b) Es válido a efectos de autenticación e identificación de emisores y receptores, en las condiciones legalmente establecidas c) Requiere firma manuscrita d) Solo cabe dentro de un mismo ministerio
Respuesta: b).
23. El derecho a no aportar documentos que ya obran en poder de la Administración se apoya técnicamente en:
a) Las plataformas de intermediación de datos b) El correo electrónico c) La firma manuscrita d) El registro presencial
Respuesta: a).
24. La Ley 39/2015 regula preferentemente:
a) El funcionamiento electrónico interno del sector público b) La relación electrónica con el ciudadano: identificación, registro, notificaciones y expediente c) La organización ministerial d) El régimen disciplinario
Respuesta: b).
25. La Ley 40/2015 regula, entre otras materias electrónicas:
a) El registro de entrada de los interesados b) La sede electrónica, el sello, la firma del personal, la actuación automatizada y el archivo electrónico c) Las notificaciones al interesado d) La subsanación de solicitudes
Respuesta: b).
26. El acceso a la información particular en el entorno electrónico exige:
a) Identificación previa del interesado b) Solicitud por escrito en papel c) Autorización judicial d) Nada en especial
Respuesta: a).
27. La accesibilidad de los sitios web del sector público se regula en:
a) El Real Decreto 1112/2018 b) La Ley 19/2013 c) El Real Decreto 208/1996 d) La Ley Orgánica 4/2001
Respuesta: a).
28. Un PDF publicado en una sede que consiste en una imagen escaneada de un texto:
a) Cumple los requisitos de accesibilidad b) No es accesible, porque un lector de pantalla no puede leerlo c) Es preferible a un documento de texto d) Es obligatorio por seguridad
Respuesta: b).
29. Para llegar a una sede electrónica con seguridad conviene:
a) Buscarla en un buscador y pulsar el primer resultado b) Escribir su dirección o usar un marcador verificado, comprobando el dominio c) Seguir el enlace recibido por correo d) Usar cualquier enlace patrocinado
Respuesta: b).
30. La relación de sellos electrónicos utilizados por cada Administración:
a) Es reservada b) Debe hacerse pública, con las características de los certificados y sus prestadores c) La custodia el Consejo de Estado d) No existe
Respuesta: b).
31. Las sedes electrónicas deben disponer de sistemas que permitan:
a) El anonimato de los usuarios b) El establecimiento de comunicaciones seguras cuando sean necesarias c) La publicidad comercial d) La descarga de programas
Respuesta: b).
32. La publicación de informaciones y servicios en las sedes respetará:
a) Los principios de accesibilidad y uso, con estándares abiertos b) El formato propietario que elija cada organismo c) Únicamente el idioma castellano d) La confidencialidad de la normativa aplicable
Respuesta: a).
33. El Punto de Acceso General electrónico:
a) Sustituye a las sedes electrónicas b) Agrega información y encamina hacia las sedes donde se tramita c) Solo contiene normativa d) Es un registro contable
Respuesta: b).
34. Los servicios telemáticos permiten:
a) Realizar por medios electrónicos actuaciones antes presenciales b) Sustituir la firma por un correo electrónico c) Eliminar los plazos administrativos d) Prescindir del registro
Respuesta: a).
35. Las personas jurídicas, en el entorno electrónico:
a) Pueden elegir el canal b) Están obligadas a relacionarse por medios electrónicos c) Reciben asistencia del artículo 12.2 d) Solo actúan por representante presencial
Respuesta: b).
36. La actuación administrativa automatizada:
a) No produce actos administrativos b) Produce actos impugnables, por lo que debe estar determinado el órgano responsable a esos efectos c) No requiere firma d) Solo cabe en materia tributaria
Respuesta: b).
37. Los sistemas de firma admitidos para la actuación automatizada son:
a) Sello electrónico y código seguro de verificación b) Solo la firma del titular del órgano c) La firma manuscrita digitalizada d) Cualquier sistema
Respuesta: a).
38. La fecha y hora que rigen el registro electrónico son:
a) Las del equipo del usuario b) Las oficiales de la sede electrónica de acceso c) Las del servidor de correo d) Las de la oficina presencial más próxima
Respuesta: b). Materia desarrollada en el tema I.11.
39. Un certificado electrónico de empleado público:
a) Puede prestarse a un compañero para agilizar la firma b) Identifica a una persona en el ejercicio de su cargo y no debe cederse c) Es propiedad del órgano d) Puede instalarse en cualquier equipo personal
Respuesta: b).
40. El titular de una sede responde de la actualización de su información porque:
a) Lo establece el artículo 38.2 de la Ley 40/2015 b) Lo exige la Ley 19/2013 c) Lo decide cada organismo d) No responde de ello
Respuesta: a).
41. La información general en el entorno electrónico:
a) Exige identificación b) Está disponible sin acreditar legitimación, como en el canal presencial c) Solo se facilita a empresas d) Requiere cita previa
Respuesta: b).
42. Los portales de datos abiertos publican:
a) Expedientes con datos personales b) Conjuntos de datos en formatos reutilizables c) Notificaciones individuales d) Resoluciones sancionadoras nominativas
Respuesta: b).
43. El Boletín Oficial del Estado, en el entorno electrónico, ofrece:
a) Publicación oficial y textos consolidados de la legislación b) Tramitación de subvenciones c) Registro de entrada general d) Certificados de empadronamiento
Respuesta: a).
44. La brecha digital, en relación con la administración electrónica:
a) Es irrelevante jurídicamente b) Justifica el deber de asistencia y el derecho de acceso universal a Internet del artículo 81 de la Ley Orgánica 3/2018 c) Obliga a eliminar los canales electrónicos d) Solo afecta a las personas jurídicas
Respuesta: b).
45. Una sede electrónica que publica un plazo equivocado:
a) No genera responsabilidad alguna b) Compromete a su titular, responsable de la veracidad y actualización de la información c) Obliga al ciudadano a comprobarlo por otra vía d) Se subsana con una nota interna
Respuesta: b).
46. La STC 55/2018 declaró la nulidad de extremos de la Ley 39/2015 relativos, entre otros, a:
a) Los registros electrónicos de apoderamientos b) El silencio administrativo c) Los recursos administrativos d) La responsabilidad patrimonial
Respuesta: a).
47. La STC 100/2019 resolvió sobre:
a) El Real Decreto 1112/2018 de accesibilidad de los sitios web del sector público b) La Ley 19/2013 c) El Estatuto Básico del Empleado Público d) La Ley 29/1998
Respuesta: a).
48. El acceso identificado a la carpeta ciudadana muestra:
a) Los expedientes de cualquier persona b) La información particular de quien se identifica c) Solo normativa d) Los datos del personal del organismo
Respuesta: b).
49. Las oficinas integradas se sostienen jurídicamente sobre:
a) Convenios entre Administraciones y la interoperabilidad de los registros b) Contratos administrativos c) Encomiendas de gestión exclusivamente d) Delegaciones de firma
Respuesta: a).
50. La diferencia esencial entre portal y sede es que:
a) El portal exige identificación y la sede no b) La sede compromete a su titular respecto de la información y los servicios, y es donde se tramita con garantías c) Son sinónimos d) El portal es de pago
Respuesta: b).
11. Preguntas de estilo de examen redactadas por TestMiOpo
Diez preguntas con el tono y la extensión de enunciado de la Comisión Permanente de Selección. Son originales.
1. Un ciudadano consulta un plazo en el portal informativo de un ministerio y otro distinto en su sede electrónica. Señale la afirmación correcta.
a) Prevalece el portal, por ser más visitado.
b) La sede electrónica compromete a su titular respecto de la integridad, veracidad y actualización de su información y sus servicios.
c) Prevalece el dato más favorable al ciudadano en todo caso.
d) Ninguno de los dos tiene valor.
Respuesta: b).
2. Una persona física sin certificado electrónico desea presentar una solicitud de forma electrónica en la oficina. Señale la actuación conforme al artículo 12 de la Ley 39/2015.
a) Indicarle que solo puede presentarla en papel.
b) Realizar su identificación o firma mediante funcionario habilitado, previa identificación del interesado y su consentimiento expreso.
c) Utilizar el certificado de otro empleado público.
d) Pedirle que obtenga un certificado antes de atenderle.
Respuesta: b).
3. Un organismo va a resolver de forma íntegramente electrónica y sin intervención directa de empleado público un tipo de solicitudes. Señale el requisito exigible.
a) Ninguno, basta con el sistema informático.
b) Determinar previamente los órganos competentes para especificaciones, programación, mantenimiento, supervisión, control de calidad y auditoría, e indicar el órgano responsable a efectos de impugnación.
c) Autorización del Consejo de Estado.
d) Publicación de la aplicación en el diario oficial.
Respuesta: b).
4. Un interesado recibe un documento en papel con un código alfanumérico al pie. Señale su función.
a) Es el número de registro de entrada.
b) Es un código seguro de verificación que permite comprobar la integridad del documento accediendo a la sede electrónica.
c) Es la firma del funcionario.
d) Es un identificador fiscal.
Respuesta: b).
5. Una sociedad presenta una solicitud en papel alegando que no dispone de medios electrónicos. Señale la respuesta correcta.
a) Se le presta la asistencia del artículo 12.2.
b) Las personas jurídicas están obligadas a relacionarse electrónicamente, por lo que deberá subsanar la presentación.
c) Puede elegir el canal en cualquier momento.
d) Debe acudir a una oficina integrada.
Respuesta: b).
6. Un ciudadano afirma que no fue notificado porque no recibió el aviso en su correo. Señale la afirmación correcta.
a) La notificación es nula.
b) El aviso es solo un aviso y su falta no impide que la notificación se tenga por practicada mediante comparecencia en la sede o en la dirección electrónica habilitada.
c) El plazo empieza cuando llegue el aviso.
d) La Administración debe notificar de nuevo en papel.
Respuesta: b).
7. Señale qué figura permite a un ciudadano presentar en una única oficina documentos dirigidos a distintas Administraciones.
a) La ventanilla única empresarial.
b) Las oficinas integradas de atención al ciudadano, apoyadas en convenios y en la interoperabilidad de los registros.
c) La carpeta ciudadana.
d) El portal de transparencia.
Respuesta: b).
8. Una unidad publica en su sede un documento en PDF escaneado como imagen. Señale la afirmación correcta.
a) Cumple los requisitos de accesibilidad.
b) No es accesible para lectores de pantalla y contradice el principio de accesibilidad exigible a las sedes.
c) Es preferible por seguridad.
d) Solo es problemático si alguien lo denuncia.
Respuesta: b).
9. Señale la afirmación correcta sobre el reparto entre las leyes de 2015 en materia electrónica.
a) La Ley 40/2015 regula el registro electrónico del interesado.
b) La Ley 39/2015 regula la relación electrónica con el ciudadano y la Ley 40/2015 el funcionamiento electrónico del sector público.
c) Ambas regulan lo mismo.
d) La materia está en la Ley 19/2013.
Respuesta: b).
10. Un empleado público pide a un compañero su certificado electrónico para firmar unos documentos urgentes. Señale la respuesta correcta.
a) Es admisible si hay urgencia acreditada.
b) No es admisible: el certificado identifica personalmente a su titular en el ejercicio de su cargo y no debe cederse.
c) Es admisible con autorización verbal del superior.
d) Es admisible si después se comunica al servicio de informática.
Respuesta: b).
12. Fuentes oficiales citadas
| Fuente | Referencia | Enlace |
|---|---|---|
| Funcionamiento electrónico del sector público: sede, portal, sello, firma, actuación automatizada, intercambio de datos y archivo, artículos 38 a 46 | Ley 40/2015, de 1 de octubre, BOE-A-2015-10566 | https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566 |
| Identificación de los interesados, asistencia en el uso de medios electrónicos, derechos y registros, artículos 9, 12, 13, 14 y 16 | Ley 39/2015, de 1 de octubre, BOE-A-2015-10565 | https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565 |
| Accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público | Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, BOE-A-2018-12699 | https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2018-12699 |
| Sentencia sobre diversos preceptos de la Ley 39/2015 | STC 55/2018, de 24 de mayo, BOE-A-2018-8574 | https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-8574 |
| Sentencia sobre preceptos de la Ley 40/2015 en materia de convenios | STC 132/2018, de 13 de diciembre, BOE-A-2019-457 | https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-457 |
| Sentencia sobre el Real Decreto 1112/2018 de accesibilidad | STC 100/2019, de 18 de julio, BOE-A-2019-11912 | https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-11912 |
| Sentencia sobre el derecho fundamental a la protección de datos | STC 292/2000, de 30 de noviembre, BOE-T-2001-332 | https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-T-2001-332 |
| Sentencia sobre el plazo para recurrir actos presuntos | STC 52/2014, de 10 de abril, BOE-A-2014-4822 | https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-4822 |
| Convocatoria vigente del Cuerpo General Auxiliar | Resolución de 18 de diciembre de 2025, BOE-A-2025-26262 | https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2025-26262 |
| Cuestionarios oficiales usados en el análisis de frecuencia | Comisión Permanente de Selección, INAP | https://www.inap.es/es/seleccion/procesos-selectivos-de-cuerposescalas-generales/cuerpo-general-auxiliar-de-la-administracion-del-estado |
13. Control de calidad de este tema
| Comprobación | Estado |
|---|---|
| Cobertura literal del enunciado oficial: administración electrónica y servicios al ciudadano, información administrativa, análisis de páginas web públicas, servicios telemáticos, oficinas integradas, ventanilla única empresarial y Punto de Acceso General | Completa |
| Nivel del tema según rendimiento medido | B, 2,33 puntos por ejercicio |
| Preguntas de test originales, con respuesta explicada | 50 |
| Preguntas de estilo de examen originales | 10 |
| Trampas de examen | 20 |
| Frecuencia medida sobre cuestionarios oficiales, no estimada | Sí, 6 ejercicios y 14 preguntas del tema |
| Tendencia declarada en la sección 3 | Sí: de 0 preguntas en 2022 a entre 3 y 4 en los tres últimos ejercicios |
| Enunciados oficiales reproducidos literalmente | Ninguno |
| Resoluciones citadas, todas comprobadas en el BOE | 5 |
| Preceptos transcritos desde el texto consolidado, no de memoria | Ley 40/2015 arts. 38 a 46; Ley 39/2015 arts. 9, 12 y 13 |
| Rayas tipográficas | Ninguna |
| Referencias al BOE con enlace | Sí, nueve fuentes oficiales |
| Marcadores de captura pendientes de imagen | 2 |
| Revisión jurídica por colegiado | Pendiente |
Comprueba si te ha quedado
493 preguntas de Administración electrónica, con la solución explicada. Leer el tema y no medirse es la forma más común de creer que uno se lo sabe.
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