Tema 11. Las Leyes 39/2015 y 40/2015. Procedimiento, revisión de actos y recursos

Bloque I. Organización pública. Cuerpo General Auxiliar de la Administración del Estado (C2).

Enunciado oficial (Anexo I, BOE-A-2025-26262): «Las Leyes del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y del Régimen Jurídico del Sector Público. El procedimiento administrativo común y sus fases. La revisión de los actos en vía administrativa: revisión de oficio y recursos administrativos. El recurso contencioso-administrativo. Actividad administrativa impugnable. Las partes: capacidad, legitimación, representación y defensa.»

Autoría	Equipo de contenidos TestMiOpo
Revisión jurídica	Pendiente de revisor colegiado
Última revisión	7 de agosto de 2026
Norma de referencia	Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE-A-2015-10565). Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE-A-2015-10566). Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE-A-1998-16718)
Convocatoria de referencia	Resolución de 18 de diciembre de 2025 (BOE-A-2025-26262)

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1. Mapa del tema

LAS LEYES 39/2015 Y 40/2015
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├── EL REPARTO ENTRE LAS DOS LEYES
│   ├── Ley 39/2015: relación con el ciudadano y procedimiento
│   └── Ley 40/2015: organización interna y relaciones entre Administraciones
│
├── LA ORGANIZACIÓN (Ley 40/2015)
│   ├── Principios de actuación, artículo 3
│   ├── Competencia: irrenunciable
│   ├── Delegación, avocación, encomienda, delegación de firma y suplencia
│   └── Abstención y recusación
│
├── EL PROCEDIMIENTO (Ley 39/2015)
│   ├── Interesados y relación electrónica obligatoria
│   ├── Términos y plazos: cómputo, ampliación y urgencia
│   ├── Fases: iniciación, ordenación, instrucción y terminación
│   ├── Obligación de resolver y plazos máximos
│   └── Silencio administrativo y caducidad
│
├── LOS VICIOS DEL ACTO
│   ├── Nulidad de pleno derecho, artículo 47
│   └── Anulabilidad, artículo 48
│
├── LA REVISIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA
│   ├── Revisión de oficio y declaración de lesividad
│   ├── Recurso de alzada
│   ├── Recurso potestativo de reposición
│   └── Recurso extraordinario de revisión
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└── EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
    ├── Actividad impugnable
    ├── Plazos de interposición
    └── Partes: capacidad, legitimación, representación y defensa

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2. Introducción y enfoque de estudio

Este es el tema que más preguntas aporta del Bloque I y, a la vez, uno de los peor rentabilizados. Conviene decirlo al principio para que nadie estudie con la estrategia equivocada: da 3,17 preguntas por ejercicio, pero abarca dos leyes completas más la jurisdicción contencioso-administrativa, de modo que su relación entre esfuerzo y puntos es de las peores del temario. Hay que estudiarlo bien, y hay que estudiarlo con criterio, no leyendo las dos leyes de cabo a rabo.

Qué se pregunta de verdad. Plazos y números. Cuánto dura un recurso de alzada, cuántos días hay para subsanar, qué plazo máximo tiene la Administración para resolver cuando la norma no dice nada, qué ocurre cuando vence sin respuesta. Junto a eso, dos listas cerradas que se preguntan casi literalmente: las causas de nulidad de pleno derecho del artículo 47 y lo que pone fin a la vía administrativa del artículo 114. Quien domine los plazos y esas dos listas responde bien a la mayoría.

Qué se pregunta poco pese a ocupar mucho. El detalle de la instrucción, los informes, la prueba y las especialidades de cada procedimiento. Están en el enunciado y hay que conocerlos, pero no se estudian con la misma intensidad que los plazos.

El consejo de estudio. Empiece por la tabla de recursos y la de plazos de la sección 6, apréndalas hasta poder reproducirlas en un papel en blanco y solo entonces lea el desarrollo. Es el orden inverso al natural y funciona mejor, porque el desarrollo de este tema se entiende mucho mejor cuando ya se sabe adónde conduce.

Una advertencia sobre este tema en particular. Es el propietario de las tablas de plazos y de recursos del manual entero: cuando otro tema necesita un plazo administrativo o una regla de cómputo, remite aquí. Por eso las cifras de este tema son las que mandan, y todas están tomadas del texto consolidado, no de un resumen.

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3. Qué se pregunta de este tema

De dónde salen estas cifras. De ANALISIS-FRECUENCIA.md, recuento propio de TestMiOpo sobre los seis cuestionarios oficiales del ejercicio único publicados por la Comisión Permanente de Selección, de febrero de 2022 a mayo de 2026, con sus 480 preguntas clasificadas una a una (n = 6 ejercicios). Es medición, no impresión. No se reproduce el enunciado literal de ninguna pregunta oficial.

Lo que mide el recuento. Diecinueve preguntas en seis ejercicios, media de 3,17 por ejercicio, rango de 2 a 5. Etiqueta de confianza medido. Es el tema más preguntado del Bloque I.

Ejercicio	Fecha	Preguntas del tema I.11
OEP 2019, ordinario	12 de febrero de 2022	3
OEP 2019, extraordinario	marzo de 2022	3
OEP 2021 y 2022	17 de septiembre de 2023	2
OEP 2023 y 2024, modelo A	14 de diciembre de 2024	3
OEP 2023 y 2024, extraordinario	7 de febrero de 2025	5
Convocatoria 2025, modelo A	23 de mayo de 2026	3
Total		19

La aritmética que explica el nivel asignado. Cada pregunta del Bloque I vale 0,833 puntos, frente al punto entero que vale una del Bloque II, porque la primera parte del ejercicio reparte 50 puntos entre 60 preguntas de las que solo 30 son de temario. Con 3,17 preguntas medidas, este tema aporta 2,64 puntos por ejercicio, que lo sitúan en el nivel B: de 9.000 a 11.000 palabras y 50 preguntas de test.

Por qué su rendimiento por página es bajo pese a ser el más preguntado del Bloque I. Porque es también el más extenso: dos leyes completas y una tercera para el contencioso. En el ranking de puntos esperados por página de estudio ocupa el puesto 22 de 28. La conclusión editorial, y también la de estudio, es la misma: se estudia entero pero concentrado en lo que se pregunta, y no a costa de los temas de ofimática.

Dónde se concentran las preguntas. El análisis clasifica por tema y no por epígrafe, de modo que este reparto es inferencia declarada, no medición.

Bloque del tema	Peso estimado	Etiqueta
Plazos: cómputo, ampliación y urgencia	alto	inferido
Recursos administrativos y sus plazos	alto	inferido
Silencio administrativo y obligación de resolver	alto	inferido
Nulidad y anulabilidad	medio alto	inferido
Fases del procedimiento	medio	inferido
Competencia, delegación y avocación	medio	inferido
Fin de la vía administrativa	medio	inferido
Contencioso-administrativo: partes y actividad impugnable	medio bajo	inferido
Abstención y recusación	bajo	inferido

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4. Desarrollo

4.1. Dos leyes y un reparto que conviene entender antes que nada

El 1 de octubre de 2015 se aprobaron dos leyes que sustituyeron a la anterior regulación conjunta, y el reparto entre ambas es la primera pregunta que hay que saber contestar, porque de él dependen muchas otras.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas regula la relación de la Administración hacia fuera: quién es interesado, cómo se inicia un procedimiento, qué plazos rigen, cómo se notifica, cómo se resuelve y cómo se recurre.

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público regula la organización hacia dentro: los principios de actuación, los órganos y su competencia, el funcionamiento de los órganos colegiados, la abstención y la recusación, la responsabilidad patrimonial, la potestad sancionadora en sus principios y las relaciones entre Administraciones, incluidos los convenios.

La regla mnemotécnica que resuelve la pregunta de reparto: la 39 mira al ciudadano, la 40 mira al espejo.

Los principios de actuación. El artículo 3 de la Ley 40/2015 establece que las Administraciones Públicas sirven con objetividad los intereses generales y actúan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. Y añade una lista de principios que deben respetar en su actuación, entre ellos el servicio efectivo a los ciudadanos; la simplicidad, claridad y proximidad; la participación, objetividad y transparencia; la racionalización y agilidad de los procedimientos; la buena fe, confianza legítima y lealtad institucional; la responsabilidad por la gestión pública; la eficacia, la economía y la eficiencia; y la cooperación, colaboración y coordinación entre Administraciones.

Una precisión constitucional que este tema debe recoger. Varios preceptos de ambas leyes fueron declarados inconstitucionales por invadir competencias autonómicas, según se detalla en el epígrafe 5. No afecta a las reglas de procedimiento que aquí se estudian, pero sí explica que el texto consolidado incluya notas sobre incisos anulados: quien lea la ley en el BOE debe fijarse en esas notas, porque el papel de una edición antigua no las tiene.

4.2. La competencia y sus alteraciones

La competencia es irrenunciable. Lo dice el artículo 8 de la Ley 40/2015: se ejercerá por los órganos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegación o avocación. Y añade la frase que resuelve un grupo entero de preguntas: la delegación de competencias, las encomiendas de gestión, la delegación de firma y la suplencia no suponen alteración de la titularidad de la competencia, aunque sí de los elementos determinantes de su ejercicio.

Figura	Qué ocurre
Delegación de competencias, artículo 9	Un órgano delega el ejercicio en otro de la misma Administración, aunque no dependa jerárquicamente, o en organismos vinculados. Requiere aprobación previa en los términos del precepto y publicación
Avocación, artículo 10	El órgano superior atrae para sí el conocimiento de uno o varios asuntos que corresponden ordinariamente o por delegación a un órgano dependiente, cuando circunstancias técnicas, económicas, sociales, jurídicas o territoriales lo hagan conveniente. Exige acuerdo motivado y notificación a los interesados
Encomienda de gestión	Se encomienda la realización de actividades de carácter material o técnico a otro órgano o entidad, sin ceder la titularidad ni los elementos sustantivos de su ejercicio
Delegación de firma, artículo 12	Se delega solo la firma de resoluciones y actos. No altera la competencia y no necesita publicación, pero debe hacerse constar en el acto, con indicación de la autoridad de procedencia
Suplencia, artículo 13	Sustitución temporal del titular del órgano por vacante, ausencia o enfermedad, o cuando se ha declarado su abstención o recusación. No implica alteración de la competencia y no necesita publicación

Las dos figuras que más se confunden son la delegación de competencias y la delegación de firma. La primera traslada el ejercicio y se publica; la segunda solo permite firmar y no se publica.

Abstención y recusación, artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015. Quien tenga alguno de los motivos legales debe abstenerse de intervenir y comunicarlo a su superior inmediato, que resolverá lo procedente. Los motivos son tener interés personal en el asunto o en otro en cuya resolución pudiera influir, ser administrador de sociedad o entidad interesada o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado; el vínculo matrimonial o situación asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo con los interesados, con administradores de entidades interesadas o con asesores, representantes o mandatarios que intervengan, así como compartir despacho profesional o estar asociado con ellos; la amistad íntima o enemistad manifiesta; y haber intervenido como perito o testigo en el procedimiento.

La recusación es la misma cuestión planteada desde el otro lado: la promueven los interesados en cualquier momento de la tramitación, por escrito en el que se exprese la causa. Al día siguiente el recusado manifiesta a su superior si concurre o no; si la admite, el superior acuerda su sustitución acto seguido; si la niega, el superior resuelve en el plazo de tres días (3 días), previos los informes y comprobaciones que considere oportunos.

El dato que se pregunta: el cuarto grado es para la consanguinidad y el segundo para la afinidad, y el plazo del superior para resolver la recusación negada es de 3 días.

4.3. Los interesados y la relación electrónica

Quién puede relacionarse electrónicamente y quién debe. El artículo 14 de la Ley 39/2015 permite a las personas físicas elegir en todo momento si se comunican o no por medios electrónicos, y cambiar de medio cuando quieran. En cambio, están obligados a relacionarse electrónicamente para cualquier trámite, al menos:

• Las personas jurídicas.
• Las entidades sin personalidad jurídica.
• Quienes ejerzan una actividad profesional con colegiación obligatoria, para los trámites propios de esa actividad, entendiéndose incluidos en todo caso los notarios y los registradores de la propiedad y mercantiles.
• Quienes representen a un interesado obligado a relacionarse electrónicamente.
• Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites que realicen por su condición de empleado público, en la forma que reglamentariamente determine cada Administración.

Reglamentariamente pueden establecerse más supuestos para determinados procedimientos y colectivos.

La consecuencia práctica en una oficina de asistencia. Una persona física puede presentar en papel y tiene derecho a ser asistida en el uso de medios electrónicos. Una sociedad, no: su presentación en papel es un defecto que se le requerirá subsanar. Es la pregunta que más veces llega al mostrador y la que más veces se contesta mal.

4.4. Términos y plazos

Es el bloque más rentable del tema y el que exige más precisión. Todas las reglas que siguen están en los artículos 30 a 33 de la Ley 39/2015.

Plazos por horas. Se entiende que son hábiles, y son hábiles todas las horas de un día hábil. Se cuentan de hora en hora y de minuto en minuto desde la notificación o publicación, y no pueden tener una duración superior a veinticuatro horas (24 horas); si excedieran, se expresarán en días.

Plazos por días. Salvo que la ley o el Derecho de la Unión Europea digan otra cosa, se entienden hábiles, y se excluyen del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. Cuando una ley señale días naturales, debe hacerse constar esa circunstancia en las notificaciones.

Desde cuándo se cuenta. Los plazos en días se cuentan a partir del día siguiente a la notificación o publicación, o al día siguiente de producirse la estimación o desestimación por silencio.

Plazos por meses o años. Se computan también desde el día siguiente a la notificación, publicación o silencio, y concluyen el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio en el mes o año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hay día equivalente, el plazo expira el último día del mes. Es la regla llamada de fecha a fecha y produce dos preguntas típicas: una notificación del 15 de marzo con plazo de un mes vence el 15 de abril, y una del 31 de enero con plazo de un mes vence el 28 o el 29 de febrero.

Si el último día es inhábil, el plazo se entiende prorrogado al primer día hábil siguiente.

La regla del día inhábil en dos sitios. Cuando un día sea hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que resida el interesado e inhábil en la sede del órgano, o a la inversa, se considerará inhábil en todo caso. Es una de las preguntas más repetidas del tema.

El calendario de días inhábiles lo fijan la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas en su ámbito, con sujeción al calendario laboral oficial, y debe publicarse antes del comienzo de cada año en el diario oficial correspondiente. El calendario autonómico comprende los días inhábiles de las entidades locales de su territorio.

Una precisión del apartado 8 que sorprende: declarar un día hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos no determina por sí solo el funcionamiento de los centros de trabajo ni el régimen de jornada y horarios de las Administraciones. Que la oficina esté abierta no convierte el día en hábil, ni al revés.

El registro electrónico y los plazos, artículo 31. Permite la presentación de documentos todos los días del año durante las veinticuatro horas. A efectos del cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entiende realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil, conservándose el orden efectivo de presentación. Y el cómputo se rige por la fecha y hora oficial de la sede electrónica de acceso.

La ampliación de plazos, artículo 32. La Administración puede conceder, de oficio o a petición del interesado, una ampliación que no exceda de la mitad del plazo, si las circunstancias lo aconsejan y no se perjudican derechos de tercero, notificándola a los interesados. Tres reglas que se preguntan: tanto la petición como la decisión deben producirse antes del vencimiento; en ningún caso puede ampliarse un plazo ya vencido; y los acuerdos sobre ampliación o su denegación no son recurribles, sin perjuicio del recurso contra la resolución que ponga fin al procedimiento. La ampliación por el tiempo máximo se aplica en todo caso a los procedimientos tramitados por misiones diplomáticas y oficinas consulares y a los que exijan trámites en el extranjero o intervengan interesados residentes fuera de España.

El mismo artículo prevé la ampliación cuando una incidencia técnica haya imposibilitado el funcionamiento ordinario del sistema, publicando en la sede tanto la incidencia como la ampliación concreta del plazo no vencido.

La tramitación de urgencia, artículo 33. Cuando razones de interés público lo aconsejen, de oficio o a petición del interesado, se reducen a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento ordinario, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos. Contra el acuerdo que la declara no cabe recurso alguno, sin perjuicio del que proceda contra la resolución final.

4.5. El procedimiento administrativo común y sus fases

Iniciación. Puede ser de oficio, por acuerdo del órgano competente, por propia iniciativa, orden superior, petición razonada de otros órganos o denuncia, o a solicitud del interesado.

La subsanación, artículo 68. Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que en el plazo de diez días (10 días) subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución. Ese plazo puede ampliarse prudencialmente hasta cinco días (5 días) a petición del interesado o por iniciativa del órgano cuando la aportación presente dificultades especiales, salvo en procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva, donde no cabe esa ampliación. Es una de las preguntas más repetidas y su trampa está justamente en esa excepción.

Ordenación. El procedimiento se impulsa de oficio en todos sus trámites y se respeta el orden de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo orden motivada en contrario.

Instrucción. Comprende los actos necesarios para determinar y comprobar los hechos: alegaciones, prueba, informes y el trámite de audiencia, que se realiza antes de redactar la propuesta de resolución y en el que se pone el expediente a disposición del interesado. La instrucción es la fase más extensa de la ley y la menos preguntada.

Terminación. El procedimiento puede terminar por resolución, desistimiento, renuncia al derecho en que se funde la solicitud, declaración de caducidad, imposibilidad material sobrevenida de continuarlo y terminación convencional mediante pacto o convenio. La distinción entre desistimiento y renuncia se pregunta: quien desiste abandona su solicitud y podría volver a pedir lo mismo; quien renuncia abandona el derecho.

La obligación de resolver, artículo 21. La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación. En los casos de prescripción, renuncia, caducidad, desistimiento y desaparición sobrevenida del objeto, la resolución consiste en declarar esa circunstancia. Se exceptúan los procedimientos terminados por pacto o convenio y los sometidos a declaración responsable o comunicación.

Los plazos máximos para resolver. El plazo lo fija la norma reguladora de cada procedimiento y no puede exceder de seis meses (6 meses), salvo que una norma con rango de ley establezca uno mayor o así lo prevea el Derecho de la Unión Europea. Cuando la norma no fije plazo, será de tres meses (3 meses). Y el cómputo empieza: en los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha del acuerdo de iniciación; en los iniciados a solicitud del interesado, desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u organismo competente para tramitarla.

El silencio en procedimientos iniciados a solicitud del interesado, artículo 24. La regla general es estimatorio: el vencimiento del plazo máximo sin resolución expresa notificada legitima al interesado para entender estimada su solicitud, salvo que una norma con rango de ley o de Derecho de la Unión Europea o internacional establezca lo contrario. Y las excepciones legales, que son las que se preguntan:

• El derecho de petición del artículo 29 de la Constitución.
• Aquellos cuya estimación transfiriera al solicitante o a terceros facultades sobre el dominio público o el servicio público.
• Los que impliquen el ejercicio de actividades que puedan dañar el medio ambiente.
• Los procedimientos de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas.
• Los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones y los de revisión de oficio iniciados a solicitud del interesado.

La excepción de la excepción, que aparece con frecuencia: cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio de una solicitud por el transcurso del plazo, se entenderá estimado el recurso si, llegado el plazo de resolución, el órgano competente no dicta y notifica resolución expresa.

El silencio en procedimientos iniciados de oficio, artículo 25. El vencimiento del plazo sin resolución no exime de la obligación de resolver, y produce dos efectos distintos según el tipo de procedimiento:

Tipo de procedimiento iniciado de oficio	Efecto del vencimiento
De los que pudiera derivarse el reconocimiento o constitución de derechos o situaciones favorables	Los interesados que hubieran comparecido pueden entender desestimadas sus pretensiones
En los que la Administración ejercite potestades sancionadoras o de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen	Se produce la caducidad, y la resolución que la declare ordenará el archivo de las actuaciones

Si el procedimiento se paraliza por causa imputable al interesado, se interrumpe el cómputo del plazo para resolver y notificar.

4.6. Nulidad y anulabilidad

Los actos nulos de pleno derecho, artículo 47.1. Es una lista tasada y se pregunta casi literalmente:

• a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
• b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.
• c) Los que tengan un contenido imposible.
• d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de esta.
• e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
• f) Los actos, expresos o presuntos, contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos careciendo de los requisitos esenciales para su adquisición.
• g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de ley.

El apartado 2 añade la nulidad de las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones de rango superior, las que regulen materias reservadas a la ley y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

Detalle que se pregunta: la incompetencia que produce nulidad es la manifiesta y por razón de materia o territorio. La incompetencia jerárquica no está en la lista y da lugar, en su caso, a anulabilidad.

La anulabilidad, artículo 48. Son anulables los actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. Dos matices decisivos: el defecto de forma solo determina la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a indefensión; y la realización de actuaciones fuera de plazo solo implica la anulabilidad cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.

De ahí la idea que ordena todo el epígrafe: la nulidad es la excepción, tasada y grave; la anulabilidad es la regla general de la ilegalidad administrativa; y no toda irregularidad invalida el acto.

4.7. La revisión de oficio

Revisión de actos nulos, artículo 106. Las Administraciones, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos del artículo 47.1. Lo mismo cabe respecto de disposiciones administrativas en los supuestos del artículo 47.2, aunque en ese caso solo de oficio.

Los tres datos que se preguntan de este artículo: no hay plazo, el dictamen ha de ser favorable y el órgano competente puede acordar motivadamente la inadmisión a trámite de las solicitudes cuando no se funden en alguna de las causas de nulidad o carezcan manifiestamente de fundamento.

La declaración de lesividad. Para los actos anulables favorables al interesado, la Administración no puede revisarlos por sí misma: debe declararlos lesivos para el interés público y impugnarlos ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Es la diferencia esencial entre revisar un acto nulo y revisar uno anulable.

La revocación y la rectificación de errores. Las Administraciones pueden revocar en cualquier momento sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que no sea contraria al ordenamiento, y rectificar en cualquier momento los errores materiales, de hecho o aritméticos. Rectificar un error material no es revisar el acto: no cambia su contenido jurídico.

4.8. Los recursos administrativos

Qué se puede recurrir, artículo 112.1. Las resoluciones y los actos de trámite cualificados, es decir, aquellos que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos. Contra ellos caben los recursos de alzada y potestativo de reposición, que pueden fundarse en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad de los artículos 47 y 48. La oposición a los demás actos de trámite no se recurre por separado: se alega para su consideración en la resolución final.

Qué pone fin a la vía administrativa, artículo 114.1, que es lista de examen:

• Las resoluciones de los recursos de alzada.
• Las resoluciones de los procedimientos sustitutivos del recurso de alzada previstos en el artículo 112.2.
• Las resoluciones de órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que una ley establezca lo contrario.
• Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.
• La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, cualquiera que fuese el tipo de relación de que derive.
• La resolución de los procedimientos complementarios en materia sancionadora del artículo 90.4.
• Las demás resoluciones cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca.

En el ámbito estatal ponen fin además a la vía administrativa los actos de los miembros y órganos del Gobierno y los emanados de los Ministros y Secretarios de Estado en el ejercicio de las competencias de los órganos de que son titulares, entre otros supuestos que enumera el apartado 2.

Contenido del escrito de interposición, artículo 115: nombre, apellidos e identificación del recurrente; el acto que se recurre y la razón de su impugnación; lugar, fecha, firma, medio y, en su caso, lugar a efectos de notificaciones; el órgano al que se dirige con su código de identificación; y las demás particularidades exigidas por disposiciones específicas. Y una regla generosa que se pregunta: el error o la ausencia de calificación del recurso por el recurrente no es obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter.

Los tres recursos administrativos.

Alzada, artículos 121 y 122. Procede contra resoluciones y actos del artículo 112.1 cuando no pongan fin a la vía administrativa, y se interpone ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. Puede presentarse ante el órgano que dictó el acto o ante el competente para resolverlo; si se presenta ante el primero, este debe remitirlo al competente en el plazo de diez días, con su informe y con copia completa y ordenada del expediente. Plazo de interposición: un mes (1 mes) si el acto es expreso; transcurrido, la resolución es firme a todos los efectos. Si el acto no es expreso, puede interponerse en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio. Plazo máximo para resolver y notificar: tres meses; transcurrido, se entiende desestimado, salvo el supuesto de doble silencio del artículo 24.1. Contra la resolución de una alzada no cabe otro recurso administrativo, salvo el extraordinario de revisión.

Reposición, artículos 123 y 124. Es potestativo y procede contra los actos que ponen fin a la vía administrativa, ante el mismo órgano que los dictó. Plazo de interposición: un mes si el acto es expreso; si no lo es, en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto. Plazo máximo para resolver: un mes. No puede interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que la reposición se resuelva expresamente o se produzca su desestimación presunta. Contra la resolución de un recurso de reposición no cabe volver a interponerlo.

Extraordinario de revisión, artículos 125 y 126. Procede contra actos firmes en vía administrativa, ante el mismo órgano que los dictó, que también es el competente para resolverlo, y solo por cuatro causas tasadas:

• a) Que al dictarlos se hubiera incurrido en error de hecho que resulte de los propios documentos incorporados al expediente.
• b) Que aparezcan documentos de valor esencial posteriores o no que evidencien el error de la resolución recurrida.
• c) Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme.
• d) Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible, declarado así en sentencia judicial firme.

Plazos: para la causa a), cuatro años (4 años) desde la notificación de la resolución impugnada; en los demás casos, tres meses (3 meses) desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia quedó firme. El órgano puede acordar motivadamente la inadmisión a trámite, sin necesidad de dictamen del Consejo de Estado, cuando el recurso no se funde en alguna de esas causas o se hubiesen desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales.

4.9. El recurso contencioso-administrativo

Cuando se agota la vía administrativa, el control pasa a los tribunales. Lo regula la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, y el enunciado oficial pide de ella tres cosas concretas: la actividad impugnable y las partes con su capacidad, legitimación, representación y defensa.

La actividad administrativa impugnable, artículo 25. El recurso es admisible en relación con las disposiciones de carácter general y con los actos expresos y presuntos que pongan fin a la vía administrativa, sean definitivos o de trámite cualificado, en los mismos términos que se vieron para los recursos administrativos. Es admisible además contra la inactividad de la Administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho.

El artículo 26 añade que, además de la impugnación directa de las disposiciones generales, cabe la de los actos dictados en aplicación de ellas fundada en que la disposición no es conforme a Derecho, y que la falta de impugnación directa o la desestimación del recurso frente a la disposición no impiden esa impugnación indirecta.

Los plazos, artículo 46. Dos meses (2 meses) desde el día siguiente a la publicación de la disposición o a la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso. Si no fuera expreso, seis meses (6 meses) a partir del día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto. Contra la vía de hecho, diez días (10 días) desde la terminación del plazo de requerimiento, o veinte días (20 días) desde el inicio de la actuación si no hubo requerimiento.

Capacidad procesal, artículo 18. La tienen las personas que la ostenten con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil y, además, los menores de edad para la defensa de aquellos derechos e intereses legítimos cuya actuación les permita el ordenamiento sin necesidad de asistencia de quien ejerza la patria potestad o la tutela.

Legitimación, artículo 19. Están legitimados las personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o interés legítimo; las corporaciones, asociaciones, sindicatos, grupos y entidades afectados o legalmente habilitados para la defensa de derechos e intereses legítimos colectivos; y, en los términos que el precepto detalla, la Administración del Estado, las de las Comunidades Autónomas y las entidades locales para impugnar actos de otras Administraciones.

Representación y defensa, artículo 23. Ante órganos unipersonales, las partes pueden conferir su representación a procurador y serán asistidas en todo caso por abogado; si confieren la representación al abogado, a él se le notifican las actuaciones. Ante órganos colegiados, deben conferir la representación a procurador y ser asistidas por abogado. No obstante, pueden comparecer por sí mismos los funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios, cuando se refieran a cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles.

Ese último inciso interesa directamente a quien opositan: un funcionario puede comparecer por sí mismo en asuntos de personal, con el límite indicado.

Los órganos. Los Juzgados de lo Contencioso-administrativo conocen, en única o primera instancia, de los recursos contra actos de las entidades locales y de las entidades vinculadas a ellas, excluidas las impugnaciones de instrumentos de planeamiento urbanístico, y de determinados actos de las Comunidades Autónomas que el artículo 8 detalla, entre ellos ciertas cuestiones de personal y las sanciones de multa que no superen los importes que el precepto fija. Por encima están los Juzgados Centrales, las Salas de los Tribunales Superiores de Justicia, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Advertencia de nomenclatura: el texto consolidado de la Ley 29/1998 sigue llamando Juzgados a estos órganos, mientras que la Ley Orgánica del Poder Judicial, tras la reforma de la Ley Orgánica 1/2025, los configura como Secciones de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales de Instancia y del Tribunal Central de Instancia, según se explica en el tema I.4. Si un enunciado usa una u otra denominación, se refiere al mismo órgano.

4.10. La responsabilidad patrimonial, en lo imprescindible

El enunciado no la menciona, pero forma parte de la Ley 40/2015 y aparece de forma incidental. Su artículo 32 reconoce el derecho de los particulares a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar conforme a la ley. Añade dos precisiones que se preguntan: la anulación en vía administrativa o judicial de un acto no presupone por sí misma derecho a indemnización, y el daño alegado ha de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado respecto de una persona o grupo de personas.

Conviene retener además que la resolución de estos procedimientos pone fin a la vía administrativa, según el artículo 114.1.e) de la Ley 39/2015, y que su silencio es desestimatorio, según el artículo 24.1.

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5. Jurisprudencia esencial

Las resoluciones que siguen se han comprobado una a una en el Boletín Oficial del Estado y se citan por lo que allí consta.

STC 55/2018, de 24 de mayo (Pleno, recurso de inconstitucionalidad 3628-2016, interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, publicada como BOE-A-2018-8574). Resolvió sobre diversos preceptos de la propia Ley 39/2015. Declaró la nulidad de diversos extremos de los preceptos relativos a los registros electrónicos de apoderamientos, a los principios de buena regulación y a los que identifican los títulos competenciales habilitantes de la ley; declaró inconstitucionales distintos preceptos que regulan la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria; y realizó una interpretación conforme de la disposición relativa a la adhesión de las Administraciones territoriales a las plataformas y registros de la Administración General del Estado. Lleva voto particular. Es la razón por la que el texto consolidado de la ley incorpora notas de incisos anulados.

STC 132/2018, de 13 de diciembre (publicada como BOE-A-2019-457). Declaró contrarios al orden constitucional de competencias determinados incisos de la Ley 40/2015 en materia de convenios. Junto con la anterior, deja una enseñanza que conviene explicitar: estas dos leyes son básicas, pero su carácter básico tiene límites competenciales que el Tribunal Constitucional ha ido precisando.

STC 52/2014, de 10 de abril (Pleno, cuestión de inconstitucionalidad 2918-2005, publicada como BOE-A-2014-4822). Se planteó por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha respecto de la segunda frase del artículo 46.1 de la Ley 29/1998, es decir, del plazo para recurrir los actos presuntos. El Tribunal declaró la constitucionalidad del precepto, examinándolo desde el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a la justicia y desde el principio de seguridad jurídica. Lleva voto particular. Es la resolución de cabecera cuando se discute qué plazo tiene el ciudadano frente al silencio.

STC 72/2008, de 23 de junio (Sala Primera, recurso de amparo 6615-2005, publicada como BOE-T-2008-12645). Otorgó el amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a la justicia, en un caso en el que se había considerado firme y consentido un acto por no haberse impugnado judicialmente en plazo una denegación presunta. La propia reseña oficial la conecta con las sentencias 6/1986 y 39/2006. La doctrina que sostiene esa línea es la que conviene retener: el silencio negativo es una ficción legal establecida en beneficio del ciudadano para permitirle el acceso a los tribunales, y no puede volverse contra él convirtiendo la inactividad de la Administración en una ventaja procesal para esta.

STC 76/2022, de 15 de junio (Pleno, cuestión de inconstitucionalidad 1679-2021, publicada como BOE-A-2022-11956). Declaró la nulidad de un precepto legal autonómico que atribuía efectos positivos al silencio en el otorgamiento de autorizaciones para actividades que requieren evaluación de impacto ambiental, por razones de competencia sobre procedimiento administrativo y protección ambiental. Lleva voto particular. Ilustra con un caso real la excepción del artículo 24.1 relativa al medio ambiente.

Lo que hay que llevarse. El silencio negativo es una garantía del ciudadano y no un premio a la inactividad administrativa. Las excepciones a la regla del silencio estimatorio tienen fundamento material, no caprichoso. Y las dos leyes de 2015, pese a su vocación de regulación común, han sido corregidas por el Tribunal Constitucional allí donde invadían competencias autonómicas.

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6. Tabla resumen del tema

Tabla maestra de plazos. Es la tabla propietaria de este tema: cuando otro tema del manual necesita un plazo administrativo, remite aquí.

Supuesto	Plazo
Subsanación de la solicitud, artículo 68	10 días, ampliables hasta 5 más, salvo en procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva
Plazo máximo para resolver fijado por la norma del procedimiento	No puede exceder de 6 meses, salvo norma con rango de ley o Derecho de la UE
Plazo para resolver cuando la norma no lo fija	3 meses
Inicio del cómputo, procedimiento de oficio	Fecha del acuerdo de iniciación
Inicio del cómputo, procedimiento a solicitud	Fecha de entrada en el registro electrónico del órgano competente
Ampliación de plazos, artículo 32	Hasta la mitad del plazo, siempre antes de su vencimiento, nunca sobre plazo vencido, no recurrible
Tramitación de urgencia, artículo 33	Reduce a la mitad, salvo los plazos de presentación de solicitudes y recursos. No recurrible
Resolución de la recusación negada por el recusado	3 días
Recurso de alzada, interposición	1 mes si el acto es expreso; sin plazo si es presunto
Recurso de alzada, resolución	3 meses; después, desestimado por silencio
Remisión del recurso por el órgano que dictó el acto	10 días, con informe y copia del expediente
Recurso de reposición, interposición	1 mes si el acto es expreso; sin plazo si es presunto
Recurso de reposición, resolución	1 mes
Recurso extraordinario de revisión, causa de error de hecho	4 años desde la notificación
Recurso extraordinario de revisión, demás causas	3 meses
Revisión de oficio de actos nulos	Sin plazo, en cualquier momento, con dictamen favorable del Consejo de Estado
Recurso contencioso-administrativo, acto expreso	2 meses
Recurso contencioso-administrativo, acto presunto	6 meses
Recurso contencioso-administrativo, vía de hecho	10 días tras el requerimiento, o 20 días desde el inicio de la actuación

Tabla maestra de recursos administrativos.

	Alzada	Reposición	Extraordinario de revisión
Contra qué	Actos que no ponen fin a la vía administrativa	Actos que sí ponen fin a la vía administrativa	Actos firmes en vía administrativa
Ante quién	Órgano superior jerárquico	El mismo órgano que lo dictó	El mismo órgano que lo dictó
Carácter	Obligatorio para agotar la vía	Potestativo	Extraordinario, por causas tasadas
Interposición	1 mes si expreso; sin plazo si presunto	1 mes si expreso; sin plazo si presunto	4 años (error de hecho) o 3 meses
Resolución	3 meses	1 mes	Con posible inadmisión motivada
Silencio	Desestimatorio, salvo doble silencio del art. 24.1	Desestimatorio	Desestimatorio

Otros datos exactos.

Concepto	Dato
Ley 39/2015	Procedimiento administrativo común, relación con el ciudadano
Ley 40/2015	Régimen jurídico del sector público, organización interna
Principios del artículo 3 de la Ley 40/2015	Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, la Ley y el Derecho
Competencia	Irrenunciable, artículo 8
Delegación de firma y suplencia	No alteran la competencia y no requieren publicación
Motivos de abstención, parentesco	Consanguinidad hasta el cuarto grado, afinidad hasta el segundo
Obligados a relacionarse electrónicamente	Personas jurídicas, entidades sin personalidad, profesionales con colegiación obligatoria, representantes de obligados y empleados públicos
Plazos por días	Hábiles: se excluyen sábados, domingos y festivos
Día inhábil en el domicilio del interesado o en la sede del órgano	Inhábil en todo caso
Último día inhábil	Prórroga al primer día hábil siguiente
Registro electrónico	Abierto los 365 días, 24 horas; lo presentado en día inhábil se entiende hecho en la primera hora del primer día hábil
Silencio a solicitud del interesado	Regla general estimatorio
Excepciones al silencio estimatorio	Petición del art. 29 CE, dominio o servicio público, medio ambiente, responsabilidad patrimonial, impugnación de actos y revisión de oficio a solicitud
Silencio en procedimientos de oficio favorables	Desestimatorio para quienes comparecieron
Silencio en procedimientos de oficio sancionadores o de gravamen	Caducidad y archivo
Nulidad de pleno derecho	Lista tasada del artículo 47.1, siete supuestos
Incompetencia que produce nulidad	Manifiesta, por materia o territorio
Anulabilidad	Cualquier infracción del ordenamiento, incluida la desviación de poder
Defecto de forma	Anula solo si impide alcanzar el fin del acto o produce indefensión
Actos anulables favorables	Declaración de lesividad e impugnación ante la jurisdicción
Capacidad procesal	Incluye a los menores para derechos cuyo ejercicio les permite el ordenamiento
Representación y defensa	Órgano unipersonal: abogado en todo caso; órgano colegiado: procurador y abogado
Funcionarios en asuntos de personal	Pueden comparecer por sí mismos, con el límite del artículo 23.3

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7. Trampas de examen

1. La 39 mira al ciudadano y la 40 mira hacia dentro. Procedimiento, plazos y recursos, en la Ley 39/2015. Órganos, competencia, abstención y responsabilidad patrimonial, en la Ley 40/2015.

2. La competencia es irrenunciable. La delegación traslada el ejercicio, nunca la titularidad. Ninguna de las figuras del artículo 8 cambia de titular.

3. La delegación de firma no se publica y la de competencias sí. Y la delegación de firma no altera la competencia del delegante.

4. La avocación la hace el órgano superior, mediante acuerdo motivado notificado a los interesados. No es lo mismo que la revocación.

5. Consanguinidad hasta el cuarto grado, afinidad hasta el segundo. Es el dato que más veces se invierte en las opciones.

6. Los plazos en días son hábiles salvo que la ley diga naturales, y se excluyen sábados, domingos y festivos. El sábado no es hábil desde la Ley 39/2015.

7. Un día inhábil en el domicilio del interesado o en la sede del órgano es inhábil en todo caso. No se elige el que convenga.

8. Los plazos por meses vencen el mismo día del mes correspondiente, no el día anterior, y si no existe ese día, el último del mes.

9. La ampliación nunca alcanza a un plazo ya vencido y no puede exceder de la mitad del plazo. Además, el acuerdo de ampliación no es recurrible.

10. La tramitación de urgencia no reduce los plazos de presentación de solicitudes y recursos. Reduce a la mitad los demás.

11. El plazo para subsanar es de 10 días, ampliables hasta 5 más, pero no en procedimientos selectivos ni de concurrencia competitiva.

12. Si la norma no fija plazo para resolver, son 3 meses, y el máximo general que puede fijar una norma reglamentaria es de 6 meses.

13. El silencio a solicitud del interesado es estimatorio como regla. Las excepciones son tasadas, y entre ellas están la responsabilidad patrimonial y la revisión de oficio a solicitud.

14. En los procedimientos de oficio no hay silencio estimatorio. O desestimación para quien compareció, o caducidad si son sancionadores o de gravamen.

15. La incompetencia que produce nulidad es la manifiesta por materia o territorio. La jerárquica no está en la lista del artículo 47.

16. El defecto de forma no anula por sí solo. Solo si impide alcanzar el fin del acto o produce indefensión.

17. La reposición es potestativa y la alzada no. Y contra la resolución de una alzada no cabe otro recurso administrativo, salvo el extraordinario de revisión.

18. El recurso extraordinario de revisión se interpone ante el mismo órgano que dictó el acto, que además lo resuelve, y solo por cuatro causas tasadas.

19. La revisión de oficio de actos nulos no tiene plazo y exige dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente.

20. Contra el acto presunto el plazo del contencioso es de 6 meses; contra el expreso, 2 meses. Y ante el silencio, los recursos administrativos pueden interponerse en cualquier momento.

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8. Reglas mnemotécnicas

Para el reparto de las dos leyes: treinta y nueve, gente; cuarenta, casa. La 39 regula la relación con la gente y la 40 la casa por dentro.

Para los plazos de los recursos, de menor a mayor: reposición se resuelve en uno, alzada en tres. Interponer, un mes los dos. Y la revisión extraordinaria, cuatro años solo para el error de hecho.

Para el silencio: a solicitud del interesado, la regla es sí; de oficio, nunca es sí. Y las cinco excepciones se recuerdan por su daño potencial: petición, dominio público, medio ambiente, responsabilidad patrimonial e impugnaciones.

Para el artículo 47: amparo, incompetencia manifiesta, contenido imposible, delito, sin procedimiento, adquirir sin requisitos y lo que diga una ley. Siete supuestos, y solo el segundo habla de incompetencia, siempre manifiesta y por materia o territorio.

Para el cómputo: el día de la notificación no cuenta, el del vencimiento sí. Y si el último es inhábil, se estira hasta el siguiente hábil.

Para abstención y recusación: la abstención la promueve quien está dentro, la recusación quien está fuera. Cuatro de sangre y dos políticos, y tres días para resolver si el recusado lo niega.

Para la revisión de oficio: el nulo se revisa en casa y en cualquier momento con dictamen favorable; el anulable favorable hay que llevarlo al juez declarándolo lesivo.

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9. Aplicación práctica

Caso 1. Un ciudadano presenta una solicitud a la que le falta un documento.

Se le requiere para que subsane en 10 días, advirtiéndole expresamente de que, si no lo hace, se le tendrá por desistido, y esa consecuencia exige después una resolución que lo declare. Si el interesado alega dificultades y no se trata de un procedimiento selectivo ni de concurrencia competitiva, el plazo puede ampliarse hasta 5 días más. Conviene fechar bien el requerimiento, porque el cómputo empieza el día siguiente a su notificación y son días hábiles.

Caso 2. Una empresa presenta un escrito en papel en la oficina de asistencia.

Las personas jurídicas están obligadas a relacionarse electrónicamente, de modo que esa presentación es un defecto subsanable: se le requiere para que lo presente electrónicamente y se le informa de que la fecha que contará será la de la subsanación. La misma situación con una persona física es distinta: puede elegir el papel y, además, tiene derecho a ser asistida en el uso de los medios electrónicos si lo desea.

Caso 3. Una notificación se practica el 31 de enero y el interesado dispone de un mes para recurrir.

El plazo se cuenta desde el día siguiente y vence el mismo día del mes de vencimiento, pero en febrero no hay 31, de modo que expira el último día de febrero. Si ese día resultara inhábil, se prorroga al primer día hábil siguiente. Y si el 28 fuese hábil en la sede del órgano pero inhábil en el municipio del interesado, se considera inhábil en todo caso.

Caso 4. Un interesado pregunta qué ocurre si no le contestan.

Depende de dos cosas: quién inició el procedimiento y qué materia es. Si lo inició él y no hay norma que diga lo contrario, el silencio es estimatorio al vencer el plazo máximo. Si el asunto es de responsabilidad patrimonial, de dominio público, de medio ambiente, de petición del artículo 29 de la Constitución o de impugnación de actos, es desestimatorio. Y en todo caso conviene explicarle que la Administración sigue obligada a resolver, y que frente al acto presunto puede recurrir sin plazo en vía administrativa y en el plazo de 6 meses ante la jurisdicción.

Caso 5. Un compañero debe informar sobre un expediente en el que es parte una empresa que administra su cónyuge.

Concurre un motivo de abstención del artículo 23 de la Ley 40/2015. Debe abstenerse y comunicarlo a su superior inmediato, que resolverá lo procedente, y la suplencia se articula conforme al artículo 13. Si no se abstiene, el interesado puede recusarlo por escrito en cualquier momento de la tramitación, y si el recusado niega la causa, el superior resuelve en 3 días. La intervención de quien debió abstenerse no implica por sí sola la invalidez del acto, pero sí puede dar lugar a responsabilidad.

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10. Preguntas de test con respuesta explicada

Las cincuenta preguntas siguientes son de redacción propia del equipo de contenidos de TestMiOpo. No reproducen el enunciado ni las opciones de ningún cuestionario oficial ni de ningún banco de preguntas ajeno.

1. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, regula:

a) El régimen jurídico del sector público. b) El procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas. c) La jurisdicción contencioso-administrativa. d) El Estatuto Básico del Empleado Público.

Respuesta: b). El régimen jurídico del sector público corresponde a la Ley 40/2015.

2. Los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación aparecen recogidos en:

a) El artículo 3 de la Ley 40/2015 b) El artículo 1 de la Ley 39/2015 c) El artículo 47 de la Ley 39/2015 d) El artículo 25 de la Ley 29/1998

Respuesta: a). Con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho.

3. Conforme al artículo 8 de la Ley 40/2015, la competencia es:

a) Renunciable por acuerdo del órgano b) Irrenunciable, y se ejerce por los órganos que la tengan atribuida como propia c) Transferible libremente entre Administraciones d) Delegable solo entre órganos jerárquicamente dependientes

Respuesta: b). Salvo los casos de delegación o avocación previstos en las leyes.

4. La delegación de firma:

a) Altera la titularidad de la competencia b) No altera la competencia y no requiere publicación c) Debe publicarse siempre en el boletín oficial d) Solo cabe entre distintas Administraciones

Respuesta: b). En los actos firmados por delegación debe constar esa circunstancia y la autoridad de procedencia.

5. La avocación consiste en que:

a) Un órgano inferior asume competencias del superior b) El órgano superior atrae para sí el conocimiento de asuntos que corresponden a un órgano dependiente c) Se encomienda a otro órgano una actividad material d) Se sustituye temporalmente al titular del órgano

Respuesta: b). Exige acuerdo motivado notificado a los interesados.

6. La suplencia del titular de un órgano administrativo:

a) Altera la competencia del órgano b) No implica alteración de la competencia y no requiere publicación c) Requiere dictamen del Consejo de Estado d) Solo procede en caso de vacante

Respuesta: b). Procede por vacante, ausencia o enfermedad y también cuando se ha declarado la abstención o recusación del titular.

7. Es motivo de abstención del artículo 23 de la Ley 40/2015 el parentesco:

a) De consanguinidad dentro del segundo grado y de afinidad dentro del cuarto b) De consanguinidad dentro del cuarto grado y de afinidad dentro del segundo c) De consanguinidad y afinidad hasta el tercer grado d) Solo el vínculo matrimonial

Respuesta: b). Es el dato que más veces aparece invertido en las opciones.

8. Si el recusado niega la causa de recusación alegada, el superior resolverá en el plazo de:

a) Un día b) Tres días c) Diez días d) Un mes

Respuesta: b). Previos los informes y comprobaciones que considere oportunos.

9. Están obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, en todo caso:

a) Todas las personas físicas b) Las personas jurídicas y las entidades sin personalidad jurídica c) Únicamente las Administraciones entre sí d) Solo quienes lo hayan solicitado

Respuesta: b). También los profesionales con colegiación obligatoria, los representantes de obligados y los empleados públicos en los términos del artículo 14.

10. Una persona física, respecto del medio de comunicación con la Administración:

a) Está obligada a usar medios electrónicos b) Puede elegir en todo momento y modificar su elección c) Solo puede usar papel d) Debe elegir de forma definitiva al inicio del procedimiento

Respuesta: b). Salvo que esté obligada por alguno de los supuestos del artículo 14.2.

11. Cuando los plazos se señalan por días y la ley no dice otra cosa, se entiende que son:

a) Naturales b) Hábiles, excluyendo sábados, domingos y festivos c) Hábiles, incluyendo los sábados d) Laborables según el calendario del centro de trabajo

Respuesta: b).

12. Los plazos expresados en días se cuentan:

a) Desde el mismo día de la notificación b) A partir del día siguiente a la notificación o publicación c) Desde el primer día del mes siguiente d) Desde que el interesado acuse recibo

Respuesta: b). Lo mismo se aplica al día siguiente a la producción del silencio.

13. Un plazo de un mes que comienza a computarse tras una notificación practicada el 15 de marzo vence:

a) El 14 de abril b) El 15 de abril c) El 16 de abril d) El 30 de abril

Respuesta: b). Los plazos por meses concluyen el mismo día en que se produjo la notificación en el mes de vencimiento.

14. Si en el mes de vencimiento no existe día equivalente a aquel en que comenzó el cómputo:

a) El plazo se prorroga al mes siguiente b) El plazo expira el último día del mes c) El plazo se considera indefinido d) El plazo se reduce a la mitad

Respuesta: b).

15. Cuando el último día de un plazo es inhábil:

a) El plazo vence igualmente b) Se entiende prorrogado al primer día hábil siguiente c) Se adelanta al último día hábil anterior d) Se amplía en cinco días

Respuesta: b).

16. Si un día es hábil en el municipio del interesado e inhábil en la sede del órgano administrativo:

a) Se considera hábil b) Se considera inhábil en todo caso c) Decide el órgano d) Se considera hábil solo para la Administración

Respuesta: b).

17. Los plazos señalados por horas:

a) Se entienden naturales b) Se entienden hábiles y no pueden exceder de veinticuatro horas c) No existen en la Ley 39/2015 d) Se cuentan de día en día

Respuesta: b). Si excedieran de veinticuatro horas, se expresarían en días.

18. El registro electrónico permite la presentación de documentos:

a) En horario de oficina b) Todos los días del año durante las veinticuatro horas c) Solo en días hábiles d) Únicamente mediante cita previa

Respuesta: b). Lo presentado en día inhábil se entiende realizado en la primera hora del primer día hábil siguiente.

19. La ampliación de plazos prevista en el artículo 32 de la Ley 39/2015:

a) Puede alcanzar el doble del plazo b) No puede exceder de la mitad del plazo c) Puede acordarse sobre plazos ya vencidos d) Solo puede pedirla el interesado

Respuesta: b). Puede acordarse de oficio o a petición del interesado, siempre antes del vencimiento.

20. Los acuerdos sobre ampliación de plazos o su denegación:

a) Son recurribles en alzada b) No son susceptibles de recurso, sin perjuicio del que proceda contra la resolución final c) Requieren dictamen del Consejo de Estado d) Se publican en el boletín oficial

Respuesta: b).

21. La tramitación de urgencia reduce a la mitad los plazos del procedimiento ordinario, salvo:

a) Los de resolución b) Los relativos a la presentación de solicitudes y recursos c) Los de audiencia d) Los de prueba

Respuesta: b). Y contra el acuerdo que la declara no cabe recurso alguno.

22. El plazo para subsanar una solicitud incompleta es de:

a) Cinco días b) Diez días c) Quince días d) Un mes

Respuesta: b). Ampliable hasta cinco días más salvo en procedimientos selectivos o de concurrencia competitiva.

23. Si el interesado no subsana en plazo, se le tendrá por:

a) Desistido de su petición, previa resolución b) Renunciante a su derecho c) Notificado del acto d) Excluido sin más trámite

Respuesta: a). Desistir de la solicitud no es renunciar al derecho.

24. El plazo máximo para notificar la resolución expresa, cuando la norma reguladora del procedimiento no lo fija, es de:

a) Un mes b) Tres meses c) Seis meses d) Un año

Respuesta: b). Y el que fije la norma no podrá exceder de seis meses, salvo norma con rango de ley o Derecho de la Unión Europea.

25. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el plazo máximo se cuenta desde:

a) La fecha del acuerdo de iniciación b) La fecha de entrada de la solicitud en el registro electrónico del órgano competente para tramitarla c) La fecha de la firma de la solicitud d) La fecha de la primera notificación

Respuesta: b). En los iniciados de oficio se cuenta desde la fecha del acuerdo de iniciación.

26. Como regla general, el silencio en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado es:

a) Desestimatorio b) Estimatorio c) Sin efectos d) Estimatorio solo en materia tributaria

Respuesta: b). Salvo que una norma con rango de ley o de Derecho de la Unión Europea establezca lo contrario.

27. El silencio tiene efecto desestimatorio, entre otros supuestos, en los procedimientos:

a) De concesión de subvenciones b) De responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas c) De inscripción registral d) De licencia de actividad inocua

Respuesta: b). También en el derecho de petición, dominio o servicio público, medio ambiente, impugnación de actos y revisión de oficio a solicitud.

28. En un procedimiento iniciado de oficio del que pudiera derivarse el reconocimiento de derechos, el vencimiento del plazo sin resolución permite a los comparecientes:

a) Entender estimadas sus pretensiones b) Entender desestimadas sus pretensiones c) Solicitar la caducidad d) Interponer directamente recurso extraordinario de revisión

Respuesta: b).

29. En un procedimiento sancionador iniciado de oficio, el vencimiento del plazo máximo sin resolución produce:

a) Silencio estimatorio b) La caducidad, con archivo de las actuaciones c) La nulidad de pleno derecho d) La ampliación automática del plazo

Respuesta: b). La Administración sigue obligada a resolver declarando esa circunstancia.

30. Si el procedimiento se paraliza por causa imputable al interesado:

a) Se declara la caducidad de inmediato b) Se interrumpe el cómputo del plazo para resolver y notificar c) Se archiva sin más trámite d) Se amplía el plazo en la mitad

Respuesta: b).

31. Es causa de nulidad de pleno derecho del artículo 47.1:

a) Cualquier infracción del ordenamiento jurídico b) Dictar el acto prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido c) La desviación de poder d) Todo defecto de forma

Respuesta: b). La infracción genérica y la desviación de poder determinan anulabilidad.

32. La incompetencia que determina nulidad de pleno derecho es la:

a) Jerárquica b) Manifiesta por razón de la materia o del territorio c) Funcional d) De cualquier clase

Respuesta: b).

33. El defecto de forma determina la anulabilidad del acto:

a) Siempre b) Solo cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a indefensión c) Nunca d) Solo en procedimientos sancionadores

Respuesta: b).

34. La revisión de oficio de actos nulos del artículo 106:

a) Debe iniciarse en el plazo de cuatro años b) Puede acordarse en cualquier momento, previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente c) Requiere recurso previo del interesado d) Corresponde siempre al órgano superior jerárquico

Respuesta: b). Cabe de oficio o a solicitud del interesado.

35. Para dejar sin efecto un acto anulable favorable al interesado, la Administración debe:

a) Revocarlo directamente b) Declararlo lesivo para el interés público e impugnarlo ante la jurisdicción contencioso-administrativa c) Anularlo mediante recurso de alzada d) Esperar a que caduque

Respuesta: b).

36. Son recurribles en vía administrativa los actos de trámite cuando:

a) Siempre b) Deciden directa o indirectamente el fondo, impiden continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable c) Los dicta un órgano colegiado d) Lo solicita el interesado

Respuesta: b). La oposición a los demás actos de trámite se alega para su consideración en la resolución final.

37. El recurso de alzada se interpone ante:

a) El mismo órgano que dictó el acto, que lo resuelve b) El órgano superior jerárquico del que dictó el acto c) El Consejo de Estado d) El juzgado de lo contencioso-administrativo

Respuesta: b). Puede presentarse ante el órgano que dictó el acto, que debe remitirlo en diez días con su informe y copia del expediente.

38. El plazo para interponer recurso de alzada contra un acto expreso es de:

a) Quince días b) Un mes c) Dos meses d) Tres meses

Respuesta: b). Si el acto no es expreso, puede interponerse en cualquier momento a partir del día siguiente a la producción del silencio.

39. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de un recurso de alzada es de:

a) Un mes b) Tres meses c) Seis meses d) Un año

Respuesta: b). Transcurrido, el recurso se entiende desestimado, salvo el supuesto de doble silencio del artículo 24.1.

40. El recurso de reposición:

a) Es obligatorio antes del contencioso b) Es potestativo y se interpone ante el mismo órgano que dictó el acto c) Se interpone ante el superior jerárquico d) Solo cabe contra actos de trámite

Respuesta: b). Procede contra actos que ponen fin a la vía administrativa.

41. El plazo máximo para resolver un recurso de reposición es de:

a) Un mes b) Tres meses c) Dos meses d) Quince días

Respuesta: a). El de interposición es de un mes si el acto es expreso.

42. El recurso extraordinario de revisión se interpone contra:

a) Actos de trámite b) Actos firmes en vía administrativa, por causas tasadas c) Disposiciones generales d) Actos presuntos

Respuesta: b). Ante el mismo órgano que los dictó, que también lo resuelve.

43. Cuando el recurso extraordinario de revisión se funda en error de hecho que resulta de los propios documentos del expediente, el plazo de interposición es de:

a) Tres meses b) Un año c) Cuatro años d) Sin plazo

Respuesta: c). En los demás casos, tres meses.

44. Ponen fin a la vía administrativa, entre otros:

a) Los actos de trámite b) Las resoluciones de los recursos de alzada c) Los informes preceptivos d) Los acuerdos de ampliación de plazos

Respuesta: b). También las resoluciones de órganos sin superior jerárquico y las de responsabilidad patrimonial.

45. El error o la ausencia de calificación del recurso por parte del recurrente:

a) Determina su inadmisión b) No es obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter c) Obliga a presentarlo de nuevo d) Suspende el plazo

Respuesta: b).

46. El recurso contencioso-administrativo es admisible frente a:

a) Solo actos expresos b) Disposiciones generales y actos expresos y presuntos que pongan fin a la vía administrativa, además de la inactividad y la vía de hecho c) Actos de trámite de cualquier clase d) Únicamente sanciones

Respuesta: b). Lo establece el artículo 25 de la Ley 29/1998.

47. El plazo para interponer recurso contencioso-administrativo contra un acto expreso que pone fin a la vía administrativa es de:

a) Un mes b) Dos meses c) Seis meses d) Un año

Respuesta: b). Frente al acto presunto, el plazo es de seis meses.

48. En sus actuaciones ante órganos judiciales unipersonales del orden contencioso-administrativo, las partes:

a) Deben conferir siempre su representación a procurador b) Pueden conferir la representación a procurador y serán asistidas en todo caso por abogado c) No necesitan abogado d) Solo pueden actuar por sí mismas

Respuesta: b). Ante órganos colegiados son necesarios procurador y abogado.

49. Los funcionarios públicos, en cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles:

a) Necesitan siempre procurador y abogado b) Pueden comparecer por sí mismos en defensa de sus derechos estatutarios c) No tienen legitimación d) Deben acudir al Defensor del Pueblo

Respuesta: b).

50. Conforme al artículo 32 de la Ley 40/2015, para que exista responsabilidad patrimonial el daño debe ser:

a) Moral y no evaluable b) Efectivo, evaluable económicamente e individualizado respecto de una persona o grupo de personas c) Siempre consecuencia de un funcionamiento anormal d) Superior a una cuantía mínima legal

Respuesta: b). La anulación de un acto no presupone por sí misma derecho a indemnización.

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11. Preguntas de estilo de examen redactadas por TestMiOpo

Diez preguntas con el tono y la extensión de enunciado de la Comisión Permanente de Selección. Son originales.

1. Una solicitud presentada por una persona física tiene entrada en el registro electrónico el sábado a las 23.40 horas. Señale la afirmación correcta a efectos del cumplimiento del plazo por el interesado.

a) La presentación se tiene por no realizada.

b) Se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.

c) Se entenderá realizada el viernes anterior.

d) El registro electrónico no admite presentaciones en fin de semana.

Respuesta: b). El registro está abierto los 365 días del año durante las 24 horas.

2. Un procedimiento iniciado a solicitud del interesado carece de norma que fije plazo máximo de resolución. Señale el plazo aplicable y su cómputo.

a) Seis meses desde la firma de la solicitud.

b) Tres meses desde la fecha en que la solicitud tuvo entrada en el registro electrónico del órgano competente para tramitarla.

c) Un mes desde la notificación del acuerdo de iniciación.

d) No existe plazo máximo.

Respuesta: b).

3. Una unidad va a requerir la subsanación de una solicitud presentada en un proceso selectivo. Señale la afirmación correcta.

a) El plazo es de diez días y puede ampliarse hasta cinco días más.

b) El plazo es de diez días y no cabe ampliación, por tratarse de un procedimiento selectivo.

c) El plazo es de quince días naturales.

d) No procede requerimiento: se archiva directamente.

Respuesta: b). La ampliación del artículo 68.2 está excluida en procedimientos selectivos y de concurrencia competitiva.

4. Un interesado solicita una autorización sujeta a evaluación de impacto ambiental y la Administración no resuelve en plazo. Señale el efecto del silencio.

a) Estimatorio, por ser un procedimiento iniciado a solicitud del interesado.

b) Desestimatorio, por tratarse de actividades que pueden dañar el medio ambiente.

c) Caducidad del procedimiento.

d) Nulidad de pleno derecho de lo actuado.

Respuesta: b). Es una de las excepciones tasadas del artículo 24.1.

5. Se dicta un acto por un órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia. Señale la calificación correcta.

a) Anulable por defecto de forma.

b) Nulo de pleno derecho, conforme al artículo 47.1.b).

c) Irregularidad no invalidante.

d) Válido si el interesado no lo recurre.

Respuesta: b). La incompetencia jerárquica, en cambio, no está en la lista de nulidad.

6. Un ciudadano quiere impugnar una resolución dictada por un órgano que tiene superior jerárquico y que no pone fin a la vía administrativa. Señale el recurso procedente y su plazo.

a) Reposición, en el plazo de un mes.

b) Alzada ante el órgano superior jerárquico, en el plazo de un mes si el acto es expreso.

c) Recurso extraordinario de revisión, en el plazo de tres meses.

d) Recurso contencioso-administrativo directo, en el plazo de dos meses.

Respuesta: b).

7. Resuelto un recurso de alzada de forma expresa y desestimatoria, un interesado pregunta si puede volver a recurrir en vía administrativa. Señale la respuesta correcta.

a) Sí, mediante recurso de reposición.

b) No cabe ningún otro recurso administrativo, salvo el extraordinario de revisión en los casos tasados.

c) Sí, mediante un nuevo recurso de alzada ante el mismo órgano.

d) Sí, mediante reclamación previa.

Respuesta: b).

8. La Administración detecta que un acto favorable dictado hace dos años es anulable por infracción del ordenamiento jurídico. Señale la actuación procedente.

a) Revocarlo directamente por resolución motivada.

b) Declararlo lesivo para el interés público e impugnarlo ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

c) Revisarlo de oficio previo dictamen favorable del Consejo de Estado.

d) Esperar a que el interesado lo recurra.

Respuesta: b). La revisión de oficio del artículo 106 está reservada a los actos nulos de pleno derecho.

9. Un interesado desea acudir a la vía judicial frente a una desestimación presunta de su solicitud. Señale el plazo de interposición del recurso contencioso-administrativo.

a) Dos meses desde que se produjo el acto presunto.

b) Seis meses a partir del día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.

c) Un mes desde la solicitud.

d) Cuatro años.

Respuesta: b). Frente al acto expreso el plazo sería de dos meses.

10. Quien instruye un expediente advierte que su hermano es administrador de una de las sociedades interesadas. Señale la actuación correcta.

a) Continuar la tramitación e informar al interesado.

b) Abstenerse de intervenir y comunicarlo a su superior inmediato, que resolverá lo procedente.

c) Solicitar la recusación de la sociedad interesada.

d) Trasladar el expediente al Consejo de Estado.

Respuesta: b). Concurre el motivo del artículo 23.2.b) de la Ley 40/2015.

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12. Fuentes oficiales citadas

Fuente	Referencia	Enlace
Procedimiento administrativo común: interesados, plazos, fases, silencio, nulidad, revisión de oficio y recursos	Ley 39/2015, de 1 de octubre, BOE-A-2015-10565	https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565
Régimen jurídico del sector público: principios, competencia, abstención y recusación, responsabilidad patrimonial	Ley 40/2015, de 1 de octubre, BOE-A-2015-10566	https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566
Jurisdicción contencioso-administrativa: actividad impugnable, partes y plazos	Ley 29/1998, de 13 de julio, BOE-A-1998-16718	https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1998-16718
Sentencia sobre diversos preceptos de la Ley 39/2015	STC 55/2018, de 24 de mayo, BOE-A-2018-8574	https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-8574
Sentencia sobre preceptos de la Ley 40/2015 en materia de convenios	STC 132/2018, de 13 de diciembre, BOE-A-2019-457	https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-457
Sentencia sobre el plazo para recurrir los actos presuntos	STC 52/2014, de 10 de abril, BOE-A-2014-4822	https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2014-4822
Sentencia sobre tutela judicial efectiva y denegación presunta	STC 72/2008, de 23 de junio, BOE-T-2008-12645	https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-T-2008-12645
Sentencia sobre silencio positivo y evaluación de impacto ambiental	STC 76/2022, de 15 de junio, BOE-A-2022-11956	https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2022-11956
Convocatoria vigente del Cuerpo General Auxiliar	Resolución de 18 de diciembre de 2025, BOE-A-2025-26262	https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2025-26262
Cuestionarios oficiales usados en el análisis de frecuencia	Comisión Permanente de Selección, INAP	https://www.inap.es/es/seleccion/procesos-selectivos-de-cuerposescalas-generales/cuerpo-general-auxiliar-de-la-administracion-del-estado

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13. Control de calidad de este tema

Comprobación	Estado
Cobertura literal del enunciado oficial: las dos leyes, el procedimiento común y sus fases, revisión de oficio, recursos administrativos, recurso contencioso-administrativo, actividad impugnable y partes	Completa
Nivel del tema según rendimiento medido	B, 2,64 puntos por ejercicio
Preguntas de test originales, con respuesta explicada	50
Preguntas de estilo de examen originales	10
Trampas de examen	20
Frecuencia medida sobre cuestionarios oficiales, no estimada	Sí, 6 ejercicios y 19 preguntas del tema
Enunciados oficiales reproducidos literalmente	Ninguno
Resoluciones citadas, todas comprobadas en el BOE	5
Preceptos transcritos desde el texto consolidado, no de memoria	Ley 39/2015 arts. 14, 21, 24, 25, 30 a 33, 47, 48, 68, 106, 112, 114, 115, 121 a 126; Ley 40/2015 arts. 3, 8 a 13, 23, 24, 32; Ley 29/1998 arts. 8, 18, 19, 23, 25, 26, 46
Tablas maestras que este tema aporta al manual	Plazos de la Ley 39/2015 y recursos administrativos
Rayas tipográficas	Ninguna
Referencias al BOE con enlace	Sí, nueve fuentes oficiales
Revisión jurídica por colegiado	Pendiente